Colegio Abogados de RD y comerciante Manuel García Mejía ahora someten viceministro de Obras Públicas y empresa Cogusa por “macos” en construcción Autopista San Isidro

SANTO DOMINGO. El presidente del Colegio de Abogados de República Dominicana, de la Fundación Primero Justicia, Miguel Surun Hernández y el comerciante Manuel García Mejía, sometieron a la justicia al viceministro de infraestructura vial del Ministerio de Obras Públicas, Elías Santana y al empresario y dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rafael Guzmán Méndez, gerente de la constructora Cogusa SRL; acusados de complicidad en las irregularidades en la contratación del proyecto de ampliación de la Autopista de San Isidro.

Por el mismo caso, están siendo procesados el ministro de Obras Públicas, Deligne Ascensión Burgos y la constructora propiedad de Guzmán Méndez.

El sometimiento de los nuevos involucrados en este caso fue interpuesta por ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), donde se les acusa de estafa, asociación de malhechores, prevaricación, coalición de funcionarios, abuso de poder, usurpación de funciones, violación a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas y sobrevaluación de la obra por más de RD$600 millones.

El expediente establece que algunas de esas infracciones son sancionadas por los artículos 114, 123, 126, 127 y 185 del Código Penal.

Surun Hernández y el empresario García Mejía calificaron como escandaloso que el Ministerio de Obras Públicas haya admitido públicamente que la ampliación de la autopista de San Isidro fue asignada a la Constructora Cogusa, S.R.L, sin licitación, en violación a las leyes de Compras y Contrataciones antigua 105-67 y actual la 340-06, alegando que se trata de una adenda a un contrato del 2001, que data de 22 años atrás, regido por la anterior Ley.

“Sin embargo confirmamos que el párrafo del artículo 18 de la Ley de Compras y Contrataciones antigua la 105 del año 1967, por la que se rige dicho contrato, prohíbe de manera expresa la sesión de cualquier tipo de contrato para obras viales y la Ley de Compras y Contrataciones actual, la 340-06 tampoco permite la cesión de más del 50% de ninguna obra sin la realización de una proceso de compra, por lo han cometido una franca violación a las legislaciones antiguas y vigentes”, expresaron el jurista y el empresario.

Surun Hernández agregó que otra mentira del Ministerio de Obras Públicas fue la de declarar que las modificaciones de la obra fueron aprobadas por asambleas populares, lo que ha sido desmentido por los dirigentes comunitarios, empresarios y por el mismo ayuntamiento de Santo Domingo Este, quien ha dicho que no ha autorizado la construcción de la obra.

Solicitaron a la PEPCA profundizar las investigaciones sobre este caso y a la Contraloría General de la República y a la Dirección de Compras y Contrataciones a ordenar la suspensión inmediata de los desembolsos de recursos para la obra, ya que la misma fue iniciada violando las leyes y procedimientos existentes.

 Modificación y presunta sobrevaluación de la obra

Surum Hernández, solicitó nuevamente la investigación sobre una presunta sobrevaluación por más de 600 millones de pesos, debido a que la obra fue reducida de tamaño, lo que reduce sustancialmente el costo de la misma.

“Se informó inicialmente que los trabajos de ampliación de la carretera de San Isidro realizados por la constructora Cogusa SRL tendría un ancho total de 41.70 metros, con isletas, jardinería y ancho de carriles de 3.50 metros, para lo cual se presupuestó RD$800 millones y un monto extra de RD$2,000 millones para las expropiaciones de terrenos, pero luego sin explicación alguna, ni conocimiento público, el ancho de la autopista fue reducido a tan sólo 33.70 metros y se eliminaron elementos importantes como la isleta central, los espacios verdes y el arbolado lateral», expresaron los querellantes.

Lamentaron, además, que hasta la fecha no se ha mostrado un informe técnico administrativo que justifique la reducción, y peor aún, no se haya transparentado esa reducción en los montos contratados inicialmente, por lo que se evidencia un uso incorrecto de los recursos del Estado, así como una violación al libre tránsito peatonal y vehicular, derechos contemplados en la Constitución de la República.

 Constructora Cogusa SRL

Los querellantes también solicitaron a las autoridades indagar por qué la empresa Constructora Cogusa, S.R.L., que según sus perfiles y documentos constitutivos tiene como especialidad la construcción de apartamentos, no de obras viales, con un capital accionario de RD$500 mil, se le haya adjudicado una obra superior a los RD$2 mil 800 millones, sin darse a conocer algún proceso de licitación pública y que el costo de la misma haya sido aumentado en más de RD$600 millones, sin explicación alguna, en combinación con el Ministerio de Obras Públicas.

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