Santo Domingo.-El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), inició una serie de acciones en demanda de la asignación del 4.10 por ciento del Presupuesto Nacional para el sector justicia en el 2022, tal y como lo establece la Ley 194-04 de Independencia y Autonomía Presupuestaria.
La primera consistió en el depósito de un recurso de intimación en la Dirección General de Presupuesto el 24 de agosto pasado y la segunda en el sometimiento de un recurso de amparo en contra del Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo y la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) en el Tribunal Superior Administrativo el martes 7 de septiembre del 2021.
El recurso de amparo fue depositado por decenas de abogados miembros del gremio, encabezados por su presidente Miguel Surun Hernández, quien denunció que la justicia dominicana está atravesando momentos muy difíciles, de bajos salarios para la mayoría de empleados, falta de incentivos, de insumos, de equipos, de personal, de infraestructura física adecuada, lo que dificulta su operatividad.
Surun Hernández agregó que más de 400 tribunales aprobados por leyes especiales no han podido ser puestos en funcionamiento y gran parte de los actuales laboran en condiciones deplorables.
“Lo mismo acontece con el Ministerio Público, cuyos titulares reciben salarios pírricos y carecen de condiciones para perseguir el crimen. La ausencia de recursos también ha estancado la contratación de mil 200 nuevos fiscales y la apertura de 400 fiscalías que estaban en proyecto, situación que mantiene asfixiado económicamente al sector judicial”, expresó el gremialista.
El presidente del Colegio de Abogados agregó que “en la República Dominicana no se puede hablar de independencia de la justicia, mientras los poderes públicos, el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo mantengan en estado de estrangulamiento al sistema judicial y se continúe incumpliendo la Ley 194-04 de Autonomía Presupuestaria desde su promulgación hace 17 años.
Los abogados dijeron durante la rueda de prensa que el artículo 3 de la Ley 194-04 de Autonomía Presupuestaria establece que el Presupuesto del Poder Judicial (Suprema Corte de Justicia) y del Ministerio Publico (Procuraduría General de la República), serán por lo menos un cuatro punto diez por ciento (4.10%) de los ingresos internos, incluyendo los ingresos adicionales.