Montecristi.-El alcalde de Pepillo Salcedo y el Ayuntamiento fueron condenados a entregar todas las informaciones solicitadas por el empresario Darío Carrasco Villanueva, referente “a los detalles de cheques emitidos con cargo a los RD 16.0 millones de pesos recibidos por concepto de transferencia de la Presidencia de la República, en el mes de diciembre del año 2018, incluyendo los soportes de la emisión”.
La jueza del Tribunal del Juzgado de Primera Instancia de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Judicial de Montecristi, Myrkarla Rodríguez Mejía, condenó a Ignacio Manuel Rosa.
Las informaciones solicitadas, incluyen además, “los presupuestos elaborados y ejecutados, las licitaciones y planos de construcción que fueron utilizados en las obras, como aceras y contenes de las secciones Carbonera, Copey, en los sectores Villa Raif, Pueblo Nuevo.
Además, las construidas en calle 27 de febrero y la entrada de Manzanillo, las cuales fueron realizadas en el municipio Pepillo Salcedo.
Carrasco Villanueva dijo que mediante comunicación fechada el 15 octubre y dirigida al alcalde Ignacio Rosa, realizamos la solicitud estableciendo que la misma estaba fundamentada en la Ley General de Acceso a la Información Pública No. 200-04.
En el conocimiento de la demanda constitucional Acción de Aparo, la magistrada acogió todas las partes del abogado defensor del empresario Darío Carrasco Villanueva, Luis Peña, de la Oficina de Abogados LW y Asociado, referente a que se ordena a que la entrega se realice de manera gratuita, otorgando un plazo de cincos días hábiles a partir de la notificación.
Asimismo, el dispositivo establecido en la sentencia ordenada y firmada por la jueza Rodríguez Mejía, impone a la parte accionada, ayuntamiento de Pepillo Salcedo, una astreinte de diez mil pesos dominicanos, por cada día de retardo en la ejecución de la decisión del tribunal.
El accionante, Carrasco Villanueva, solicitud además, las informaciones sobre los presupuestos elaborados y ejecutados, las licitaciones y planos de construcción de las instalaciones deportivas de beisbol de Carbonera y Copey.
Aseguró, que la sentencia de la magistrada Rodríguez Mejía, establece un precedente histórico en la provincia de Montecristi y en el país.