Conflicto en La Romana entre empresarios y propietarios entre proyecto superior a 400 viviendas
La Romana.- Compradores y copropietarios de un proyecto de 400 viviendas en la provincia La Romana denunciaron un grave y vergonzoso atropello pseudojurídico que ha impedido que cientos de familias trabajadoras que compraron y pagaron sus casas con sacrificio puedan recibirlas.
La situación, además, ha obligado a la empresa a detener por completo sus operaciones, dejando a empleados, obreros y suplidores en una situación económica y laboral crítica.
Explicaron que un conjunto de maniobras judiciales abusivas e improcedentes, completamente al margen de la ley, ha arrastrado a Inmobiliaria Don Juan a un proceso privado del cual no forma parte.
Afirmaron que esas acciones emprendidas por personas acostumbradas a usar los tribunales como herramientas de presión, han sido declaradas por varios tribunales como litigantes temerarios.
Las familias afectadas son, en su gran mayoría, gente trabajadora, maestros, empleados públicos y privados, pequeños comerciantes y profesionales que han logrado reunir con esfuerzo el inicial de su vivienda.
Dijeron que muchos ya tienen préstamos aprobados en entidades financieras, otros ya están pagando intereses, y varios viven en casas alquiladas mientras esperan la entrega del hogar de sus sueños.
Un proceso jurídico absurdo que nunca debió existir
el jurista Dionisio Ortiz, expuso que el conflicto surgió porque Inmobiliaria Don Juan, empresa dueña del terreno y promotora del proyecto, fue incluida dentro del proceso de separación de bienes como parte del proceso de divorcio aun sin concluir, entre el señor Juan Rafael Llaneza y la señora María Amelia Hazoury, hija del señor Abraham Hazoury.
“Han convertido acciones improcedentes tramitadas ante tribunales dominicanos y extranjeros, en un instrumento de presión y bloqueo económico, interponiendo procesos sin fundamento legal con el único propósito de afectar la estabilidad personal y profesional del señor Llaneza. Y es por esa razón que tanto la señora María Amelia Hazoury como sus abogados de la oficina León & Raful, Mariel León Lebrón, Lilia Fernández León y Joel del Rosario Albuquerque, han sido declarados varias veces como litigantes temerarios”, enfatizó.
Explicó que han emprendido esas acciones a pesar de que el señor Llaneza no es socio directo de esa compañía, y de que ese patrimonio inmobiliario pertenece a su familia materna hace más de 100 años, es decir, antes de que el señor Llaneza naciera.
“Y la ley es clara al respecto, las herencias no entran en el patrimonio común de los esposos”, precisó.