Consejo de Derechos Humanos de ONU pide al presidente Abinader libertad del exprocurador Jean Alain Rodríguez porque en su apresamiento se violaron todos sus derechos

Santo Domingo.- El consejo de Derechos Humanos de la Organización de las naciones Unidas (ONU), habría enviado un documento al Gobierno de República Dominicana, donde establece que la privación de libertad del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, es arbitraria y violatoria a la declaración universal de los Derechos Humanos y al pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La ONU, según documento enviado a la redacción de www.armariolibre.com.do, espera que el Gobierno dominicano respete los tratados internacionales de manera inmediata por ser obligatorios y adicionalmente por su nueva responsabilidad como integrante temporal del mismo consejo de Derechos Humanos que ha solicitado la puesta en libertad.

En el documento se evidencia la transgresión marcando un negativo precedente internacional contra el país, al haberse comprobado y confirmado a través de la Opinión No. 46/2023[1] del grupo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de dicho órgano con sede en Ginebra, Suiza, la violación a los sagrados acuerdos y pactos internacionales.

La decisión se produce luego de agotar un proceso contradictorio de casi dos años en el cual participó la Procuraduría General de la República en representación del país, depositando con un retraso de tres meses, sus extensos argumentos y acusación de más de 12 mil páginas para justificar la prisión y sus demás actos, hoy confirmados como ilegales.

La ONU, considerada el organismo rector más importante y grande del planeta, determinó que el Gobierno dominicano realizó una detención arbitraria e ilegal a Jean Alain Rodríguez, ordenando que este sea inmediatamente puesto en libertad.

En el documento se evidencia y condenan las acciones violatorias de los tratados internacionales en orden cronológico, incluyendo la violación al libre tránsito al haber impedido la PEPCA y el Departamento Nacional de Investigación (DNI), sin orden judicial y de forma alarmante e ilegal, que Jean Alain viajara junto a su familia, constatando la ONU que se trataba de un viaje familiar sin evidenciarse intención alguna de fuga.

También establece el documento que su arresto fue injustificado y excesivo, ya que Rodríguez se había presentado voluntariamente, sin nadie haberlo llamado ni citado, ni requerido, ni identificarse un solo indicio o condiciones de fuga para proceder a un arresto.

También se resalta el no habérsele permitido un juicio justo e imparcial, constatándose que le fue impedido defenderse en el juicio que lo envió por 18 meses a una prisión y que lo mantiene aún bajo arresto domiciliario, entre otras serias violaciones identificadas por la ONU, que manifiestan una seria preocupación de este organismo por la falta de legalidad y violación a los derechos fundamentales del gobierno dominicano contra el ex procurador.

La ONU y la legislación dominicana definen el arresto domiciliario como una privación de libertad y solicitan en los numerales 115 al 118 de su decisión, la liberación inmediata del ciudadano Jean Alain Rodríguez, garantizándole el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación.

La ONU también solicita al Gobierno que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a esta privación arbitraria de libertad y adopte las medidas pertinentes contra aquellos responsables de la evidenciada violación de derechos.

La barra de abogados de Rodríguez, recordó que luego de agotar más de un año de intenso lobby diplomático, hace apenas un mes que República Dominicana asumió y anunció nuevas y adicionales responsabilidades diplomáticas a través del Canciller y del propio presidente Luis Abinader, informando sobre la entrada histórica del país al consejo de Derechos Humanos de la ONU, siendo éste el mismo órgano que solicita la inmediata liberación de Jean Alain, por definir su prisión como arbitraria. 

La ONU espera que el Gobierno de la República Dominicana, representado por el presidente Abinader, jefe de Estado y Gobierno, actúe de manera inmediata, responsable y efectiva solicitando a la Procuraduría General de la República y al Poder Judicial la ejecución de esta decisión para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos del ex procurador y el cumplimiento como país de las obligaciones, acuerdos, tratados y pactos internacionales.


 

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