Cuando la reforma de la PN no da pie con bola, presidente Abinader, por decreto, declara de alta prioridad nacional reforma y modernización sector educativo preuniversitario; crea comisión y excluye la ADP
Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader, a través del decreto 365-23, declaró de alta prioridad nacional el proceso de reforma y modernización del sector educativo preuniversitario.
En su segundo artículo del decreto, el jefe de Estado habla de la reforma y modernización, y dice que este proceso tiene el objetivo de fortalecer la institucionalidad, la gobernabilidad y la efectividad de las políticas públicas.
De igual modo, la prestación eficiente del servicio educativo, con miras a garantizar el derecho fundamental a la educación de calidad en República Dominicana.
En su artículo tres, el jefe de Estado precisa que, “para dirigir el proceso de reforma y modernización del sector educativo se creará la comisión para la reforma y modernización del sector educativo”.
La comisión estará integrada por representantes de los ministerios de Educación, quien la presidirá y coordinará; de Administración Pública (MAP); los institutos Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI); Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) y Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA).
Asimismo, los institutos Nacional de Educación Física (INEFI); Nacional de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa; Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM) y el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña.
La comisión para la reforma y modernización del sistema educativo deberá presentar en un plazo no mayor a los 90 días, un plan sectorial de reforma y modernización, que responda a los temas enunciados en el artículo dos del decreto.
El artículo dos del decreto 365-23, tiene como primer punto la actualización normativa del sector, incluyendo la revisión de las normativas vigentes y la formulación de un marco legal y reglamentario moderno, coherente y consistente, que garantice la seguridad jurídica, el derecho fundamental a la educación, así como la participación social, la transparencia y la rendición de cuentas.
El segundo aspecto trata sobre la revisión y actualización de las políticas educativas orientadas a la garantía del derecho a la educación y al sostenimiento del proceso de desarrollo nacional con equidad.
También, el fortalecimiento del sistema de planificación, programación de las políticas y estrategias públicas dirigidas a la eficiencia en el uso de los recursos y la efectividad en el alcance de las metas sectoriales.
El cuarto punto, de los nueve que tiene el segundo artículo, trata sobre el fortalecimiento de la coordinación estratégica y operativa entre los órganos y entes del sector público, no gubernamental y privado, para asegurar la pertinencia, coherencia, integralidad y efectividad de las políticas públicas en materia educativa.
También, la racionalización de la estructura organizacional del órgano rector de la educación preuniversitaria, todas sus dependencias y entes adscritos, para asegurar los principios de legalidad, eficiencia, unidad y jerarquía en la asignación de funciones, roles y competencias.
El sexto punto, tiene que ver con la integración e interoperatividad de los sistemas transversales comunes, para incrementar la eficiencia en el uso de los recursos y la oportunidad de las acciones dirigidas al sostenimiento de las operaciones sustantivas en materia educativa.
El séptimo aspecto del artículo dos del decreto, trata sobre la mejora de la cartera de servicios y productos que se generan desde el ámbito público para satisfacer con eficiencia y calidad las expectativas y necesidades de sus usuarios, especialmente de aquellos que integran la comunidad educativa.
El penúltimo tema del segundo decreto, tiene que ver copn el fortalecimiento de la imagen y la reputación de las instituciones, entes y órganos públicos del sector educativo.
Mientras que el noveno y último, trata sobre otras iniciativas complementarias que se consideren pertinentes y convenientes, para incrementar la efectividad de las políticas públicas en materia educativa y de protección de los derechos fundamentales relacionados.