Cuarto Juzgado de la Instrucción DN confía Inacif consiga expediente médico del exsenador Rafael Calderón para continuar conociendo expediente de corrupción contra exministros gobiernos PLD
SANTO DOMINGO.- El Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional ordenó al profesional de la medicina que trata al exsenador Rafael Porfirio Calderón, Azua, que entregue al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el récord de salud del imputado por corrupción que viene solicitando desde el pasado mes de noviembre aplazamientos de audiencias por licencia médica.
La jueza Altagracia Ramírez acogió la petición formulada por el Ministerio Público con el propósito de que se cumplan los tiempos procesales en el conocimiento de la audiencia preliminar contra los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y compartes, explicó la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Ortiz recordó que el imputado Calderón presentó el jueves, otra licencia médica de 30 días, lo que ha obligado a los aplazamientos de las audiencias, afectado todo el proceso.
“Siguiendo incluso una preocupación del tribunal y de algunas defensas sobre la agilización del proceso, el Ministerio Público encaminó esfuerzos para que, en menos de 24 horas, el Inacif pudiera establecer la condición de salud del imputado; sin embargo, aunque los profesionales certificados del Inacif realizaron la visita y la inspección médica, al no poder tener acceso al expediente, no pudieron establecer conclusiones”, añadió.
La audiencia fue aplazada el jueves para el viernes y el viernes para la próxima semana.
“Por esa razón, los fiscales requerimos al tribunal, para evitar una suspensión de 30 días, que ordene al médico tratante del imputado que entregue copias del expediente clínico al Inacif”, informó Mirna Ortiz.
La jueza Ramírez ordenó la entrega inmediata del expediente médico completo del imputado al Inacif para que la institución forense pueda realizar la experticia debidamente fundamentada.
La audiencia fue recesada por segunda vez esta semana, con nueva fecha para el próximo jueves 18 de diciembre.
Los imputados del caso son procesados por defraudar al Estado dominicano con más de RD$19 mil millones de pesos.
Los procesados integraban una estructura que desvió la indicada suma millonaria mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, así como por sobornos utilizados para financiar la campaña electoral de 2020.
El Ministerio Público en este caso presentó acusación contra 46 personas físicas y jurídicas. El grupo es procesado por incurrir en asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedentes y lavado de activos, entre otros.