Cuatro funcionarios del Gobierno recomendaron cancelación de siete ejecutivos Inaipi por cometer «serias irregularidades» en compras 40 mil kits de comida

Santo Domingo.- La comisión designada por el presidente Danilo Medina para investigar denuncias de supuestas irregularidades en la compra de bienes en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), provocó la cancelación de por lo menos siete incumbentes y una renuncia en esa institución.

El presidente Medina conformó la comisión encabezada por los ministros, Gustavo Montalvo, José Ramón Peralta, la directora de Compras y Contrataciones, Yocasta Guzmán y al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, para que investigaran lo que había pasado en Inaipi.

La recomendación de los cuatro funcionarios del gobierno fue que se habían cometido varias irregularidades en la institución que dirigía la esposa del fenecido Juan de los Santos.

“La comisión recomendó al presidente de la República, la remoción de los principales funcionarios de esa institución, vinculada con el procedimiento de compras antes indicado. En ese sentido, informamos que a través del decreto 146-20, el presidente Medina hizo efectiva hoy la destitución del gerente de operaciones del Inaipi, Ricardo Guzmán y la directora de Compras, Mayra Martínez, así como los cinco miembros del Comité de Licitaciones”, informó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal.

El comité de Licitaciones de Inaipi estaba integrado por el director legal, planificación, el presidente del Comité de Compras, el gerente administrativo y financiero y el director de acceso a la Información Pública.

La directora del Inaipi, Berlinda Franco, renunció y habría admitido que por la rapidez por la situación que vive el país por el coronavirus, fueron omitidos procedimientos en la compra de 40 mil kits de alimentación.

“A estas violaciones se suma, además, que se permitió la entrega de mercancías por parte de proveedores al margen de cualquier proceso de compras y sin ninguna documentación de respaldo. Por estas circunstancias, debemos informar que el Estado se verá imposibilitado de hacer los pagos a dichos proveedores, debido a que las entregas se realizaron al margen de la ley”, dijo Espinal.

Anunció la cancelación del proceso de compras, luego que se contactara que se había establecido un mecanismo de precios fijos, por encima de los precios del mercado, lo que calificó de inaceptable.

“Este caso será puesto inmediatamente a disposición de la Procuraduría General de la República para su investigación”, informó Espinal.

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