Decreto del Poder Ejecutivo aprueba nuevo reglamento de aplicación a la Ley 340-05 de Contrataciones Públicas

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader emitió el pasado viernes el decreto 416-23 que aprueba el nuevo reglamento de aplicación de la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas, el cual integra las nuevas reformas y mejores prácticas para garantizar más eficiencia y transparencia en la gestión de las compras.

El documento que sustituye el reglamento 543-12 incorpora los decretos emitidos relacionados con las contrataciones públicas, así como las políticas y decisiones de las acciones administrativas adoptadas por el órgano rector.

El reglamento 416-23 introduce mejores prácticas relativas a la organización del sistema de contrataciones, criterios de evaluación, uso de herramientas tecnológicas, sostenibilidad, valor por dinero e inclusión de sectores productivos.

Asimismo, el régimen de contratación por excepción, administración y ejecución de los contratos, así como el desarrollo de las disposiciones sobre el ciclo de la compra y contratación en cada etapa, las medidas cautelares, las medidas y procedimientos disciplinarios y los recursos administrativos.

Dentro de las novedades, se incluye oficialmente el monitoreo de las contrataciones públicas por parte del órgano rector; se incorporan las compras conjuntas de las instituciones y se agregan sanciones administrativas que permitirán a la DGCP el inicio del procedimiento de inhabilitación de oficio.

El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, saludó la decisión del Poder Ejecutivo, tras considerar que la pieza corrige algunos entuertos y deja claramente establecidos aspectos que anteriormente estaban sujetos a interpretación lo que, a su entender, facilitará la correcta aplicación de la Ley.

Pimentel informó que para la elaboración del nuevo reglamento se tomó en cuenta la perspectiva de distintos sectores, organizaciones no gubernamentales, asociaciones empresariales y representantes de la sociedad civil para asegurar la transparencia y el involucramiento de los ciudadanos mediante una consulta pública.

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