Delitos de alta tecnología del Dicirim de PN apresa a 2 mujeres y cinco hombres acusados de estafar y extorsionar a través de redes electrónicas a diversos ciudadanos

Santo Domingo.- La Dirección Central de Investigación (DICRIM), a través de su unidad especializada en crímenes y delitos de alta tecnología de la Policía Nacional, apresó siete personas vinculadas a estafas electrónicas, extorsiones y transferencias ilícitas.

Las intervenciones fueron realizadas en coordinación con el Ministerio Público y en cumplimiento de órdenes judiciales emitidas por tribunales competentes.

Los apresamientos fueron realizados a través de operativos en distintas provincias del país que culminaron con el arresto de los implicados.

En los operativos fueron detenidos Francisca Rosalía Ynfante Gómez, Milleirys de la Rosa Sánchez, Gustavo Adolfo Márquez, José Enrique Marte de la Cruz, Israel Abad Pérez, Oscar Alfredo Olea Adames y Héctor Luis Garcia.

El grupo es señalados como presuntos beneficiarios de fondos obtenidos mediante engaños digitales, accesos no autorizados a cuentas bancarias y chantajes a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería.

Las investigaciones establecen que algunos de los casos incluyen suplantación de identidad por medio de Facebook y WhatsApp, donde se hacían pasar por personas conocidas de las víctimas para solicitar depósitos de dinero.

Otros hechos corresponden a extorsiones mediante videollamadas grabadas sin consentimiento, con amenazas de difundir contenido íntimo si no se realizaban transferencias.

También se documentaron accesos ilícitos a cuentas bancarias y consumos no reconocidos en perjuicio de ciudadanos en distintas demarcaciones.

Según los reportes, las sumas involucradas en esos procesos oscilan entre RD$14,000 y RD$400,000, montos que fueron transferidos a cuentas identificadas durante las investigaciones.

Cada caso fue sustentado con evidencia digital, reportes bancarios y denuncias formales.

La Policía Cibernética destacó que la solución de esos casos fortalece la confianza ciudadana y demuestra la capacidad del Estado para enfrentar los delitos tecnológicos.

Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público en sus respectivas jurisdicciones, mientras continúan las pesquisas para identificar posibles redes asociadas y prevenir nuevas modalidades de fraude electrónico.

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