Denuncian que las Edes contratan cinco empresas de abogados de manera irregular por casi siete millones de dólares para recuperar RDS50 millones

Santo Domingo.- La Fundación Primero Justicia, denunció que el vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Andrés Astacio, suscribió contratos, mediante los cuales la Empresa Distribuidora del Sur (EDESUR), Distribuidora del Norte (EDENORTE) y Distribuidora del Este (EDESTE), tendrán que pagar a cinco oficinas de abogados, US$6 millones 915 mil, equivalente al 6% del monto recuperado, partiendo de los daños, estimados en RD$50,000 millones.  

 La fundación expresó, que de conformidad con el cuarto artículo del contrato, las firmas de abogados beneficiarias de la transacción son Valerio Jiminián Roa, representada por Miguel Valerio; Jiménez Peña, S.A.S., representada por Luis Julio Jiménez. 

También, SDHH Consultores, SRL, representada por Armando Paino Henríquez; Gestleg, SRL, representada por José Figueroa Guilamo; y Ramón Emilio Núñez; quienes recibirán la suma US$125 mil cada firma.

Dijo que la sumatoria del dinero a pagar, asciende a US$625 mil, más US$14 mil dólares mensuales, para cada firma de abogados, igual a US$70 mil durante 24 meses, lo que equivale a la suma de US$1 millón 680 mil. 

Según la denuncia, las tres EDES, tendrían que pagar la suma de dólares, equivalentes a RD$394 millones 155 mil, pagos acordados en plena austeridad en perjuicio de esas empresas con supuesto problemas de liquidez, y en violación de la Ley 340-06, tal y como lo confirmó la resolución RIC-69-2021, de fecha 24 de marzo del 2021, emitida por Compras y Contrataciones. 

Miguel Surun Hernández, presidente de la Fundación Primero Justicia, afirmó que las contrataciones públicas realizadas en violación de la ley 340-06, constituyen el “modus operandi” de las organizaciones criminales dedicadas a la sustracción de fondos públicos. 

Califico como sospechoso el hecho que   se suscribieran contratos en moneda extranjera, cuando la práctica fue prohibida, con el agravante que los contratos contemplan compromisos de pago no autorizados por los consejos de administración, como es el 6% del monto recuperado, y su liquidación sobre el valor de los bienes incautados o embargados, en caso de terminación contractual o en caso de venta de las EDES. 

La Fundación Primero Justicia solicitó la intervención de la Dirección General de Compras y Contrataciones para que sean dejados sin efecto esos contratos.

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