Director Digesett, Guzmán Peralta, se reúne con Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, no trasciende lo tratado; conflicto el Canódromo pica y se extiende con eliminar memorias a equipos “secuestrados” del Listín Diario
Santo Domingo.- El director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito Terrestre (Digesett), general de brigada Ramón Antonio Guzmán Peralta, se reunió este miércoles con el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, con quien trató el percance generado el martes en el Canódromo.
Lo tratado por Guzmán Peralta y Ulloa, no fue revelado de inmediato, aunque es parte de una serie de encuentros para tratar de subsanar el problema creado a raíz de que el Defensor del Pueblo acudiera al Canódromo y haya sido maltratado.
A la salida de las oficinas del Defensor del Pueblo, Guzmán Peralta, era esperado por el presidente de la Federación Nacional de Motocicletas, (Fenamotor), Oscar Rodríguez Almánzar, quien le expresó sus inquietudes.
Guzmán Peralta prometió dar soluciones a las solicitudes de Fenamotor en el menor tiempo posible.
El conflicto generado en el Canódromo ha tomado otras vertientes, sobre todos con varios medios de comunicación que les fueron incautados sus equipos y habrían sido devueltos con sus memorias vacías.
La abogada Laura Acosta Lora, escribió en sus redes sociales que si en verdad la Digesett les devolvió al periódico Listín Diario, sus cámaras y el celular de su periodista, pero que fue formateado y se borraron todas las informaciones, la ley 53-07 sobre delitos de alta tecnología establece en su artículo seis el acceso ilícito.
«El hecho de acceder a un sistema electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones, o a sus componentes, utilizando o no una identidad ajena, o excediendo una autorización, se sancionará con las penas de tres meses a un año de prisión y multa de uno a 200 salarios mínimos», escribió la abogada, lo que establece la Ley.
Agrega que el párrafo primero del mismo artículo seis sobre el “Uso de Datos por Acceso Ilícito” señala que «cuando de dicho acceso ilícito resulte la supresión o la modificación de datos contenidos en el sistema, o indebidamente se revelen o difundan datos confidenciales contenidos en el sistema accesado, las penas se elevarán desde un año a tres años de prisión y multa desde dos hasta 400 veces el salario mínimo.»
La jurista Acosta Lora advirtió que el hecho de haber retenido esos equipos, sin ninguna justificación jurídica, pero que, además, los mismos hayan sido borrados, constituye un delito y debe ser sancionado.
Afirmó que no basta suspender en funciones, hay que traducir a la justicia a quienes cometieron esos hechos.