Ejecutivo remite al Congreso proyecto para modificar artículo tres Ley 137-03 sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas; aclara que cambios no son amplios ni profundos
Santo Domingo.- El Poder Ejecutivo, remitió al Congreso Nacional un proyecto de ley para la modificación del artículo tres de la Ley número 137-03, sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, que está en vigencia, sin causar ningún problema, desde el siete de agosto de 2003.
Una nota del Palacio Nacional, aclaró que no se trata de una modificación amplia o profunda del instrumento normativo ni de una reintroducción del proyecto que había sido retirado anteriormente.
Explicó que la reforma propuesta procura, exclusivamente, fortalecer la capacidad del Estado para proteger a niños, niñas o adolescentes que sean víctimas de esta bochornosa práctica.
Como expresa el breve proyecto en sus motivaciones, el Estado dominicano impulsa estas mejoras en el marco de su compromiso constitucional y convencional de luchar contra una práctica tan denigrante e inhumana como la trata de personas, delito que lesiona derechos como la dignidad, igualdad, seguridad, integridad física y psíquica, libertad y libre desarrollo de la personalidad de toda persona víctima de ésta.
Sin embargo, aunque es fundamental promover de manera inmediata la modificación del artículo tres de esa ley, en aras de fortalecer las medidas contra este delito en lo que respecta a la protección de los menores de edad, las diferentes instituciones del Estado y la sociedad que abordan la cuestión, continúan trabajando para una eventual revisión integral de la norma, en un proceso de diálogo plural que permita el consenso social, académico y político en torno a tan relevante tema.
Como se afirma en la propuesta, el gobierno no hace más que reconocer que es deber del Estado fortalecer las medidas legales, administrativas, jurisdiccionales, educativas, sociales, culturales o de otro tipo que se requieran, para que los actores integrales, en el marco de sus competencias, dispongan de acciones y procesos tendentes a garantizar y optimizar sus respuestas frente a este flagelo, asegurando mayores garantías en el derecho interno y en cumplimiento con los estándares internacionales.