El alcalde de Azua, Rafael Hidalgo anuncia respaldo a modificación a la Ley 63-17 sobre distribución de multas aplicadas a conductores para que lleguen a los municipios y provincias
Azua. – El alcalde del municipio de Azua, Rafael Hidalgo Fernández, expresó un firme y rotundo apoyo al congreso internacional de tránsito, movilidad y seguridad vial celebrado en Punta Cana del 16 al 18 de junio, destacando la importancia del evento para enfrentar de manera integral los desafíos existentes en República Dominicana.
El evento, organizado por la Liga Municipal Dominicana, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), UNITAL e INFOTEP, con el respaldo del presidente Luis Abinader, Hidalgo valoró la participación de los alcaldes y alcaldesas del país como un hecho sin precedentes que demuestra un compromiso real con la vida, la planificación y el desarrollo territorial.
“Queremos, por este medio, saludar y declarar nuestro respaldo a esta iniciativa que pone en el centro del debate nacional un tema que cada día enlutece a familias dominicanas, los accidentes de tránsito. Reconocemos que este esfuerzo colectivo, respaldado por el presidente Luis Abinader, refleja un claro compromiso con los gobiernos locales y con una política de Estado que prioriza la seguridad vial”, afirmó Hidalgo.
El ejecutivo municipal azuano, también hizo énfasis en la participación de delegaciones internacionales provenientes de España, Colombia y Estados Unidos, incluyendo al comisionado de Transporte de la Ciudad de Nueva York, con quienes se compartió buenas prácticas y experiencias que pueden ser adaptadas a la realidad dominicana.
Resaltó que esa participación robustece la visión de una estrategia nacional articulada que involucre a los sectores para reducir el alto índice de muertes por accidentes de tránsito.
Hidalgo respaldó la modificación de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con miras a establecer una distribución justa de los recursos recaudados por concepto de infracciones de tránsito, de modo que el 25% de esos ingresos sean destinados directamente a los gobiernos locales.
“Los gobiernos municipales necesitamos recursos para poder implementar políticas públicas efectivas en materia de tránsito y seguridad vial. Si somos parte del problema, también debemos ser parte de la solución, y eso solo es posible con financiamiento. Por eso, apoyamos con firmeza la propuesta de modificar la Ley 63-17 y garantizar que los ayuntamientos reciban el 25% de los ingresos por infracciones de tránsito”, expresó.