El Colegio de Abogados de RD somete Hábeas Corpus a favor de hombre denuncia prisión ilegal en SPM
San Pedro de Macorís.- El Colegio de Abogados de República Dominicana sometió un Habeas Corpus a favor de Rudy Roberto Santos Ramírez, quien aparece en un video rogando por su libertad, denunciando públicamente la ilegalidad de prisión, por falsa acusación de violencia contra la inquilina que quería evitar su desalojo inmueble de su propiedad.
El Colegio de Abogados niega una supuesta fuerte discusión en presencia del esposo de la inquilina y Santos Ramírez, porque de haberse generado la agresión, hubiera intervenido su esposo para defender a su cónyuge.
«Estamos en presencia de un verdadero abuso de poder del Sistema de Justicia, contra una persona con discapacidad, que es mantenida ilegalmente en la cárcel por casi tres años, más del duplo permitido por el artículo 241 del Código Procesal Penal, que consagra cese de la prisión preventiva a los 12 meses de imposición, frente a una acusación absurda, sin pruebas, sin fundamento, sin víctima pues nunca asiste al proceso, y que el Tribunal Colegiado de San Pedro de Macorís, supuesto garante imparcial de los derechos fundamentales de los justiciables, emite nota de prensa, no solo tergiversando los hechos, pues no se trata de violación sexual, ni violencia contra menores, sino violencia curable a los cinco días, según refiere el certificado médico forense y la denuncia de la supuesta víctima”, informó Miguel Surun Hernández.
Dijo que los hechos, de comprobarse conllevan una pena máxima de 60 días, al tenor del artículo 311 del Código Penal; dicho Tribunal, supuesto encargado de “juzgar” a Ruddy Santos, miente descaradamente al no existir sentencia condenatoria contra Ruddy Santos, pues la emitida en su contra, fue anulada por la Corte de Apelación, por ausencia total de sustento probatorio».
Surum Hernández, consideró que situaciones como esa, reflejan la grave crisis institucional que afecta al país, donde el mismo sistema de justicia, en lugar de proteger los derechos de los imputados, tergiversa aviesamente los hechos para justificar lo que consideró como un secuestro perpetrado por quienes están sujetos a garantizar los derechos.
Surum Hernández lamentó que el sistema de justicia dominicano pisotea todo el bloque de constitucionalidad garante de los derechos fundamentales, por defender su imagen antes que los derechos ciudadanos, defiende lo indefendible, en franca violación del artículo 40.6 de la Constitución donde se dispone la inmediata puesta en libertad de quienes se encuentren privados de libertad irregularmente, tal y como ha ocurrido en los casos de corrupción y narcotráfico, en cuyo favor fueron dictadas órdenes de libertad tan pronto cesaron sus prisiones preventivas por efecto de la duración máxima de dicha medida de coerción, consagrada en el artículo 241 del Código Procesal Penal.