El Defensor del Pueblo, advierte y recuerda a Educación e Inabima cumplir con indexación de salarios de mil 625 profesores pensionados y jubilados por plazo vencido

Santo Domingo.- El Defensor del Pueblo de República Dominicana, Pablo Ulloa, recordó  al Ministerio de Educación (Minerd) y al Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (Inabima), que deben cumplir con la indexación de los salarios de mil 625 servidores educativos en la honrosa condición de retiro.

La medida es aplicable en razón de haberse vencido el plazo de los tres años que establece la Ley número 451-08 para la indexación,.

Ulloa, dijo que tal como se aplicó a un primer grupo de maestros pensionados y jubilados el tres de noviembre de 2021, se solicitó al Minerd y al Inabima cumplir con la indexación de los salarios de los maestros beneficiarios del Decreto núm. 286-2020, emitido el 28 de julio de 2020.

Además, advirtió al Ministerio de Educación y al Instituto nacional de Bienestar Magisterial las implicaciones jurídicas por el incumplimiento de esta disposición legal.

El Ministro de Educación en su calidad de máxima autoridad del sector y presidente del consejo de directores del Inabima, y el director general del Inabima deben cumplir con el párrafo II del artículo diez la Ley que introduce modificaciones a la Ley número 451-08 que modifica la Ley General de Educación, número 66-97) del diez de abril de 1997 y, en consecuencia, revisar y ajustar los sueldos de los docentes pensionados y jubilados incluidos en el Decreto 286-20, expresa el recordatorio de la Defensoría del Pueblo.

El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, informó que para garantizar el cumplimiento de este deber legal, exhortó al Ministro de Educación la creación de una unidad administrativa que, previo al cumplimiento del plazo de tres años que establece el artículo 10 párrafo II de la Ley número 451-08 que modifica la Ley General de Educación 66-97) del diez de abril de 1997, quede a cargo del monitoreo del plazo, a partir de los decretos aplicables.

El Ministerio de Educación, manifestó Ulloa, debe hacer cumplir de modo oportuno, con las revisiones y se garantice el derecho fundamental a la seguridad social de los servidores educativos pensionados y jubilados.

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