El empresario William Ramón Font Robiou interpone querella con constitución en actor civil contra ejecutivos de empresa Font Gamundi, S.A. por estafa procesar y abuso de confianza
Santo Domingo.- El empresario William Ramón Font Robiou interpuso una querella con constitución en actor civil contra ejecutivos de la empresa Font Gamundi, S.A., a los que acusa de constituir un entramado de falsificación documental, estafa procesal y abuso de confianza.
A través de una información enviada a la redacción de www.armariolibre.com.do, la acción legal, encabezada por los bufetes de Félix Jiménez Campusano y Erika Pichardo, busca desmantelar maniobras corporativas que, según el expediente entregado este lunes, han sido utilizadas para diluir de manera ilícita la participación accionaria de la sucesión de don Jaime Font Alberti.
La acción la extiende contra las entidades vinculadas Inversiones y Negocios S.A., N.I.P, S.A. y Ditek, S.A.S. y solicita al Ministerio Público ordenar una auditoría forense contable y corporativa, y el peritaje oficial del Instituto Nacional de Patología Forense (Inacif) sobre los documentos cuestionados.
Asimismo, formalizó la constitución en actor civil para exigir una indemnización solidaria por los daños morales y materiales acumulados.
Precisa que el núcleo de la denuncia son las pruebas de falsificación forense y que la querella deposita su peso técnico sobre un Acta de Asamblea General Ordinaria fechada de forma falsa el 30 de agosto de 1986.
Según el análisis forense aportado a los fiscales, este documento presenta 13 categorías de irregularidades, entre las que destacan anacronismos tecnológicos: uso de tipografías, formatos de impresión y tipos de papel no existentes en el país en 1986, falsificación material: presencia de firmas “prefabricadas” y trasplantadas de forma digital, incluido la rúbrica atribuida a Font Alberti, fallecido en 1995, pero cuya firma figura en documentos depositados ante tribunales en 2017.
Citó, además, contradicciones judiciales, admisión previa por la parte querellada sobre la inexistencia del documento original en otras instancias judiciales, lo que fortalece la tesis de la falsedad documental.
Como elemento clave de la estrategia legal y diplomática, la representación legal confirmó que invocará la intervención y protección de España para reclamar la reparación del daño ocasionado a cinco integrantes de la familia Font Tavernier, quienes también fueron despojados ilegítimamente de sus acciones.
El equipo jurídico confirmó que formalizará una nueva experticia técnica y peritaje especializado mediante una prestigiosa firma española para robustecer el expediente penal.
Según la representación legal, estas empresas operaron como vehículos de estratificación para triangular activos y ocultar el patrimonio sustraído.
La querella invoca la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos, sostiene que el usufructo continuo de bienes ilícitos constituye un delito de tracto sucesivo que no prescribe.
Al salir del despacho fiscal, Jiménez Campusano, declaró que “la impunidad ha llegado a su término. El caso no es solo una disputa civil, es una denuncia penal sobre un fraude que desafía la fe pública y la administración de justicia dominicana”.
Aseguró que tienen pruebas irrefutables, desde peritajes forenses internacionales hasta certificaciones judiciales, que desmoronan la coartada de los imputados. No permitiremos que siga la utilización del velo corporativo para encubrir la falsificación de firmas y el despojo patrimonial”.
En tanto, Pichardo enfatizó que han procedido conforme a derecho, depositado la querella irreversible que busca la restitución total del patrimonio usurpado, que la justicia tiene un expediente claro de estafa procesal que debe ser sancionado con todo el rigor de la ley.