El fiscal de Santiago, Osvaldo Bonilla, califica como una afrenta contra el sistema de justicia falsificación de documentos, incluyendo sentencias, por empleados del Poder Judicial
SANTIAGO.- El titular de la Fiscalía de Santiago, Osvaldo Bonilla, calificó como «una afrenta contra el sistema de justicia», la falsificación de documentos, incluyendo sentencias, con la cual empleados del Poder Judicial y un vendedor de fianzas buscaban variar la prisión preventiva impuesta por un tribunal contra un imputado de una estructura criminal.
Bonilla se pronunció en estos términos tras su salida de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, que conocía la solicitud que le hiciera el Ministerio Público para que imponga la prisión preventiva, como medida de coerción y defina el proceso de tramitación compleja, en contra de cinco personas imputadas de pertenecer a una red que falsificó documentos públicos y privados del Poder Judicial a cambio de altas sumas de dinero, para organizar la libertad irregular de un imputado de la Operación Discovery.
El titular de la Fiscalía de Santiago sostuvo que el Ministerio Público procura que se imponga la prisión preventiva contra los imputados Ariel Antonio Bencosme Reyes y Eddy Alberto Franco, empleados, en condición de suspensión, del Poder Judicial; además contra Francisco de Jesús Comprés Rodríguez, Jonathan Francisco Vázquez Ventura y Francisco Antonio Vázquez Pichardo.
La audiencia fue aplazada para el próximo jueves 30 de marzo en razón de la solicitud que hizo uno de los abogados sumados a la defensa que pidió tiempo para estudiar la imputación y preparar sus medios de defensa.
Los procesados falsificaban resoluciones, contratos de fianzas y otros trámites judiciales, para favorecer, «sobre todo, a imputados por tráfico de armas de fuego, narcotráfico, lavado de activos, ciberdelitos, entre otros hechos graves», por lo que el Ministerio Público espera «que los tribunales le den la importancia y la sanción debida en esta primera etapa», acotó el titular.
La investigación que se encuentra en su etapa inicial contempla imputaciones por los delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y privados y uso de documentos falsos, en perjuicio del Estado dominicano.