El IV Tribunal Colegiado del DN leerá sentencia el jueves, de red acusada de borrar antecedentes penales de delincuentes, MP solicita más de 100 años de cárcel para grupo, algunas suspendidas
SANTO DOMINGO.- El IV Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, aplazó para este jueves, a las nueve de la mañana, la imposición de condenas o dejar en libertad a un grupo compuesto por más de 12 integrantes de la red criminal desmantelada a través de la operación Gavilán.
Las juezas, Keyla Pérez Santana, Elías Santini y Arisleyda Santana, anunciarán los resultados del juicio contra la red que a cambio de soborno, según la acusación, borraba y alteraba los registros de antecedentes penales de cientos de personas de la base de datos del Ministerio Público.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Andrés Mena, Eduardo Velázquez y Miguel Crucey, expuso ante el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que la red dedicada a la alteración de registros benefició a sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados por violencia de género, secuestro y adulteración de bebidas alcohólicas, llegando incluso a borrar antecedentes de condenados a 30 años de prisión.
Los fiscales dijeron que los acusados también movieron dinero ilícito a través de familiares y allegados, adquiriendo bienes y servicios.
Con pruebas digitales, testimoniales, documentales, materiales, audiovisuales y periciales incorporadas al juicio, solicitaron imponer penas privativas de libertad y sanciones económicas conforme al grado de participación y a la gravedad de los hechos, que acreditan, sin lugar a dudas, la responsabilidad penal de los acusados.
Solicitó que Pilar Yrenes Medina Trinidad de Dotel, Dilcia Argentina Núñez Santos, José Ramón Quezada Carmona, Víctor Gilberto Mercedes Gómez, Yokaira Elizabeth Carmona, Romanqui Alexander Dotel Medina y Luis Peña Cedeño sean condenados a 10 años de prisión y al pago de multas equivalentes a 100 salarios mínimos del sector público.
Además, pide que Luis Perña Cedeño sea inhabilitado para ocupar cargos de funciones públicas por un período de cinco años.
Respecto a Mártires Rosario Reyes, solicitó siete años de prisión, de los cuales tres años y seis meses sean cumplidos en prisión domiciliaria y tres años y seis meses suspendidos, conforme a las reglas establecidas en el artículo 41 del Código Procesal Penal (CPP). Además, requirió el pago de una multa de cinco salarios mínimos del sector público.
En el caso de Alfredo Mirambeaux, el Ministerio Público pidió ocho años de prisión, en la modalidad de seis años en prisión domiciliaria y dos suspendidos, también bajo el artículo 41 del CPP, y una multa de cinco salarios mínimos. Contra Rubén Darío Morbán solicitó seis años de prisión, tres de ellos en prisión domiciliaria y tres suspendidos bajo el mismo artículo, además de multa de cinco salarios mínimos.
En tanto, Domingo Julio Santana pidió cinco años de prisión, en la modalidad de dos años y seis meses en prisión domiciliaria y dos años y seis meses suspendidos, conforme al artículo 41 del CPP.
En el caso de Luis Alfredo Astacio Polanco, solicitó seis años de prisión, de los cuales tres años sean cumplidos en prisión domiciliaria y tres suspendidos bajo el artículo 41 del CPP, y una multa de cinco salarios mínimos del sector público.
Explicó que esos últimos acusados llegaron a acuerdos con el Ministerio Público y admitieron los hechos en el tribunal.
El Ministerio Público también pidió la disolución definitiva de la empresa Nexcon Tecnology, constituida conforme a las leyes de la República Dominicana, en virtud de las disposiciones de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Asimismo, requirió el decomiso de las evidencias materiales aportadas durante el proceso, al haber sido instrumentos, efectos o productos del delito, conforme a la legislación penal y procesal vigente.
En cuanto a las acusadas Jancely Estala Arias López, Ashley Darleni Morbán Reyes y Laudelina Esther Reyes Silva solicitó la aplicación de un criterio de oportunidad conforme al artículo 370 numeral 6 del CPP, en razón de que el presente proceso corresponde a un caso de tramitación compleja y criminalidad organizada.
Cargos que enfrentan
El Ministerio Público solicitó que los acusados sean declarados culpables de múltiples violaciones legales, a saber: artículos 123, 124, 125, 166, 167, 174, 175, 177, 265 y 266 del Código Penal Dominicano; los artículos 3, numerales 1, 2 y 3, y 9, numerales 1, 2 y 4, de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; los artículos 5, 6, 7, 9, 10 y 17 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología; los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, así como los artículos 2, 3, 5 y 6 de la Ley 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, entre otros.
Finalmente, la empresa Nexcon Tecnology enfrenta cargos por violación de los artículos 3, numerales 1, 2 y 3; 4; 8 y 9, numerales 1, 2 y 4, de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en perjuicio del Estado dominicano.