El juez Rigoberto Sena reparte medidas de coerción de diferentes penalidades a inculpados caso Cobra 2.0-A de Senasa, los hombres a Las Parras y mujeres a Najayo y otros a sus casas; 22 médicos caen presos por prestar códigos

SANTO DOMINGO.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso prisión preventiva y domiciliaria, así como garantías económicas a los vinculados a la red de corrupción administrativa que sustrajo fondos públicos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y que fue judicializada a partir de la Operación Cobra 2.0-A.

El magistrado  Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso las medidas de coerción, consistentes en modalidades diferentes.

El Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será el tribunal control de este proceso.

El juez Sena le impuso prisión preventiva a Angeury Guzmán, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Wander Díaz y Juan Henry Poueriet, quienes deberán cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, del municipio San Antonio de Guerra.

También, a Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista, quienes deberán cumplir la medida de coerción en el CCR Najayo Mujeres, por 18 meses.

La revisión obligatoria de la medida de coerción fue fijada para el 22 de diciembre del año 2026.

En tanto, en arresto domiciliario se impuso a los imputados Heidy Coronado, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo, Víctor Felipe Rodríguez García y Ray Ernesto Mercedes Lugo.

Mientras que garantía económica de RD$2 millones, a través de compañía aseguradora, impedimento de salida y arresto domiciliario le fue impuesto a Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Keila Beatriz Acosta Leonardo y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.

En tanto que a Martha María Saldaña Saldaña le fue impuesta una garantía económica de RD$3 millones a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida del país y arresto domiciliario.

Igualmente, una garantía económica de un millón de pesos a través de una compañía, impedimento de salida y presentación periódica fueron impuestas a José Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito y Yocaira Antonia Méndez Beltré.

El procurador adjunto, Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, calificó la decisión como un reconocimiento a la investigación realizada por el Ministerio Público.

“Hay tres puntos que quiero tocar de este proceso; en primer lugar, este es un proceso del que debemos aprender. Y, quiero aprovechar, para exhortar a los médicos a que no presten sus códigos”, dijo Camacho en respuesta a preguntas de la prensa que lo abordaron luego de que se diera a conocer el fallo.

“Prestar los códigos, puede arrastrarlos a un proceso penal. Sí los 22 médicos que fueron procesados en este caso no hubiesen prestado su código, este caso no hubiese existido”, dijo.

“Debemos tomar esta experiencia como base para que se realice una campaña que les diga a los médicos que no deben prestar sus códigos”, dijo.

Camacho, además, se refirió a la decisión del juez Sena, y afirmó que “todos los imputados, excepto dos, quedaron privados de libertad por la decisión que ha rendido el tribunal en el día de hoy”.

“Este es un reconocimiento ahora del juez a la fortaleza de la investigación del Ministerio Público y, a nosotros, esa decisión nos parece una decisión razonable”, destacó sobre la decisión que también declara el caso de tramitación compleja.

“En tercer lugar, la investigación sobre lo sucedido en SeNaSa no se cierra, no concluye con esta investigación y vamos a ir por más”, adelantó Camacho, quien encabezó el equipo litigante que representó al Ministerio Público en la audiencia junto a la procuradora de corte, Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca); el procurador de corte Héctor García y los fiscales litigantes Rosa Alba García, Ernesto Guzmán Alberto y Yudelka Holguín.

El pasado viernes el juez Rigoberto Sena se reservó el fallo para este domingo, 27 de septiembre,  quedando las partes convocadas para las 7:00 de la noche del domingo, pero la audiencia comenzó pasadas las 9:00 de la noche.

El proceso judicial por hechos de corrupción

Respecto al SeNaSa, el Ministerio Público arrestó el pasado año con la Operación Cobra a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de esa ARS, así como a los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez.

Con la judicialización de los imputados el Ministerio Público procura sanciones penales y el decomiso de miles de millones de pesos sustraídos al Estado dominicano.