El mayor Girón Jiménez se libra de medida coerción de 18 meses y se pedirá prisión domiciliaria; jueza Kenya Romero aplaza fallo para el lunes
SANTO DOMINGO.- La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, luego de escuchar por más de dos horas al mayor general, Adán Cáceres Silvestre, aplazó para el próximo lunes, once de la mañana, el fallo que se le sigue a varios implicados en el entramado acto de corrupción denominado Operación Coral.
La procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso afirmó que son más que suficientes las evidencias con que cuenta el Ministerio Público para que se imponga medidas de coerción de 18 meses en contra de los procesados por su vinculación a la red de corrupción desmantelada el pasado mes de abril.
El Ministerio Público solicitó a la magistrada Romero, la imposición de 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de complejo del caso que siguen en contra del mayor general Cáceres Silvestre y Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora).
El expediente, también tiene al cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial, Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada, Alejandro José Montero Cruz.
Inicialmente, la misma medida fue solicitada contra el imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez, pero debido a que el imputado declarara en el tribunal de manera amplia y detallada sobre cómo operaba la red de corrupción que distrajo millones de pesos del erario, el Ministerio Público decidió variar la solicitud por arresto domiciliario.
Reynoso dijo que esas pruebas que han presentado, sustentan hechos que son sumamente graves.
“El Ministerio Público, incluso, decía en el tribunal y reitera que todas las declaraciones que dio Raúl Girón el Ministerio Público tiene pruebas en sus manos”, dijo a periodistas luego que fuera aplazada la audiencia para dar el fallo el próximo lunes.
Detalló que en el transcurso de las horas han ido observando y analizando las evidencias, “y, quizás, o sin quizás: es uno de los casos que más pruebas contundentes tiene el Ministerio Público y hemos dicho que en su debido momento la iremos presentando”.
Reynoso explicó que el Ministerio Público en el transcurso de una investigación aplica las medidas procesales que el Código Procesal Penal les permite que sean aplicadas, las cuales fueron empleadas en el caso de Girón Jiménez.
“Los imputados pueden decir lo que quieran, pero las pruebas están, las tenemos, los mensajes, todos los archivos, las fotografías; todo está en manos del Ministerio Público”, precisó la funcionaria judicial.
Reynoso precisó que el Ministerio Público presenta las pruebas conforme a la estrategia del caso.
Respecto a la variación de la medida para Girón, declaró que la medida solicitada es la que se corresponde con la responsabilidad asumida por el imputado y con las garantías que se debe en el proceso.
De su lado, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, dijo que los documentos que la defensa aportó en esta medida de coerción no son más que un fraude procesal.
“Son documentos que el Ministerio Público ha determinado que muchos de ellos son documentos alterados, documentos sin firmas de notarios y de las partes; eso es lo que ha aportado la defensa para este caso y eso es un fraude procesal”, apuntó.
Sostuvo que el propio imputado Girón Jiménez confesó al tribunal que los imputados se auxiliaron de abogados para alterar documentos luego de que el Ministerio Público iniciara la investigación.
Los magistrados Reynoso y Camacho encabezan el equipo que representa al Ministerio Público en el proceso. Además, forman parte los fiscales Marinel Brea, Mervin Romero, Emmanuel Ramírez, María Melenciano, Jonathan Pérez Fulcar y Miguel Collado.
El grupo es procesado por acusaciones de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.