El Ministerio Pública afirma el exministro de las FFAA, Rafael Peña Antonio, no ha podido demostrar como adquirió apartamento por US$495 mil; es vinculado a sobornos Súper Tucanos
SANTO DOMINGO.-El Ministerio Público se las puso difícil al mayor general retirado, Pedro Rafael Peña Antonio, exministro de las Fuerzas Armadas, por supuestamente, no poder demostrar en el juicio, como adquirió un apartamento por US$495 mil, en el justo momento que la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) distribuyó los sobornos para beneficiarse como suplidora de ocho aviones Súper Tucano.
Peña Antonio es vinculado a los sobornos junto al coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), y el empresario Daniel Aquino Hernández, así como de las firmas 4D Business Group y Magycor.
La fiscal Isis de la Cruz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), destacó el avance del proceso.
“En el día de hoy (miércoles), la defensa de Peña Antonio realizó su discurso de clausura sin hacer referencia a los temas nodales que el Ministerio Público había presentado en las conclusiones anteriores”, dijo a periodistas, a la salida de la sala donde el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional conoce el caso.
Manifestó que el Ministerio Público continúa firme en su solicitud al tribunal de que los imputados sean condenados a una pena de diez años y al pago de US$7 millones de multas”.
“La empresa Embraer se declaró culpable, pagó la multa que le fue establecida por el tribunal y en su momento entregó todos los elementos de pruebas pertinentes a este caso”, recordó De la Cruz.
En torno a que, si existen elementos probatorios para condenar a los imputados, dijo que “el Ministerio Público aportó todas las pruebas, presentó todos los testigos y la batería de documentos que acreditan la acusación y que conducirán a una condena contra todos los imputados”.
Al presentar sus conclusiones formales, el Ministerio Público pidió el pasado martes al tribunal la imposición de diez años de prisión para Daniel Aquino Hernández, Ramón Piccini Núñez y Peña Antonio por la comisión de los delitos que les fueron imputados.
Igualmente, ha solicitado el pago de una multa consistente en US$7 millones.
También, contra cada una de las compañías solicitó el pago de una multa de 100 salarios mínimos.