El PLD expresa gran preocupación por incremento de muertes de presuntos delincuentes a manos de la PN en los llamados intercambios de disparos
Santo Domingo.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expresó su profunda preocupación ante el continuo incremento de muertes a manos de la Policía Nacional, catalogadas de manera recurrente por las autoridades como «intercambios de disparos».
Advirtió que esa situación no puede seguir siendo ignorada, al tiempo que remarcó que la lucha contra la delincuencia no puede convertirse en una práctica de eliminación física de personas.
Temístocles Montás, vicepresidente del PLD, fue el vocero este lunes, quien estuvo acompañado de Yván Lorenzo, José Dantes, secretario de Asuntos Jurídicos y Sigfrido Pared Pérez, coordinador de la comisión de seguridad y defensa del partido opositor.
De acuerdo con los datos, Montás explicó que en septiembre pasado, se registró 55 muertes en intervenciones policiales.
Dijo que organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado que en los primeros meses del año más de 180 personas perdieron la vida en operativos de la Policía Nacional.
Temístocles Montás afirmó que que resulta alarmante la falta de información detallada y estadísticas transparentes por parte de la Procuraduría General de la República sobre las investigaciones iniciadas y los agentes sometidos a la justicia.
Enfatizó que, si bien la Policía Nacional tiene derecho a defenderse ante amenazas reales, la rendición de un ciudadano exige su inmediata detención y sometimiento a la justicia, jamás su ejecución.
Recordó que el artículo siete de la Constitución define a la República Dominicana como un Estado social y democrático de derecho, mientras que el artículo 37 consagró la inviolabilidad del derecho a la vida y prohíbe expresamente la pena de muerte.
«En nuestro ordenamiento constitucional, ninguna autoridad policial puede sustituir a los tribunales, declarar culpable a un ciudadano y disponer su ejecución», resaltó.
Afirmó que el respeto a las garantías constitucionales aplica para todos los ciudadanos sin importar su historial penal o las acusaciones en su contra, destacando que la sociedad no solo debe vivir sin miedo a los delincuentes, sino también sin temor a quienes portan armas en nombre del Estado.
El PLD hizo hincapié en el artículo 255 de la carta magna, el cual establece que la Policía Nacional está bajo la autoridad directa del mandatario.
Expresó que el presidente Luis Abinader, como máxima autoridad civil, tiene la responsabilidad política de velar por que la seguridad ciudadana se aplique bajo el marco de la ley.
Montás aclaró que el PLD no afirma la existencia de una orden presidencial explícita para cometer ejecuciones, advirtió que la falta de supervisión, la tolerancia y el silencio ante estas muertes pueden convertirse en una forma de autorización de hecho y generar impunidad.
El PLD sostuvo que la efectividad de la policía no debe medirse por la cantidad de presuntos delincuentes eliminados, sino por su capacidad para prevenir delitos, investigar, detener a los responsables y colaborar con la justicia, señalando que ejecuciones extrajudiciales destruyen pruebas, debilitan las instituciones y socavan la confianza pública.
El PLD formuló siete propuestas puntuales al Gobierno, entre ellas, instrucción presidencial pública, investigaciones independientes, transparencia estadística, rendición de cuentas en el Congreso, supervisión externa y tecnología, reforma policial centrada en derechos, e investigación de la responsabilidad de mando.