El presidente Colegio de Abogados RD, Miguel Surún Hernández, advierte proyecto de ley crea Ministerio de Justicia es un grave retroceso institucional donde destruye normas y viola la Constitución
SANTO DOMINGO.- El Colegio de Abogados de República Dominicana, advirtió que el proyecto de ley depositado por el presidente Luis Abinader, denominado “Fortalecimiento del Sistema de Justicia”, constituye un grave retroceso institucional, que afectaría al sistema de justicia, al entregar en favor del Ministerio de Justicia, funciones constitucionales del Ministerio Publico y del Defensor del Pueblo.
Miguel Surun Hernández expresó que el proyecto llega al extremo del anular la autonomía del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), convirtiéndolo en una dependencia del Poder Ejecutivo, que controlará los análisis periciales forenses en materias de drogas, falsificación de documentos y autopsias, sentando las bases para las desvinculaciones de cientos de técnicos forenses de carrera, para contratar activistas políticos al servicios del ministro de turno;
Surum Hernández, recordó que la Ley 458-08, que creó el INACIF, como entidad totalmente autónoma, no dependiente ni siquiera de la Procuraduría General de la República, precisamente para evitar la politización de los exámenes forenses, los cuales son determinantes en los procesos penales.
El presidente del Colegio de Abogados de RD, además, informó que el proyecto de Ley, en su literal f, párrafo II, artículo seis, entrega a la Policía Nacional, la facultad de perseguir e investigar las infracciones penales, en violación al artículo 169 de la Constitución, que encarga al Ministerio Público la “investigación penal y la de ejercer la acción pública en representación de la sociedad”.
Surun Hernández, también, informó que la nueva ley, atribuye al Ministerio de Justicia la instauración del sistema de derechos humanos, en violación del artículo 191 de la Constitución, que consagra dichas funciones en favor del Defensor del Pueblo, como rector de ese aspecto en el país, cediendo, además, en favor de ese Ministerio, la representación del Estado dominicano, en violación al artículo 128 de la Constitución, que atribuye al presidente de la República, en su calidad de jefe de Estado, la representación del Estado dominicano, funciones que son indelegables.
Surun Hernández, quien además es jurista, aseguró que el proyecto de Ley entrega al Poder Ejecutivo el control, fiscalización y regulación de las organizaciones sin fines de lucro, con poder para anular aquellas fundaciones, cuyas actividades sean molestas al gobierno de turno, en un grave atentado al sistema de fiscalización ciudadana instaurado en virtud de la Constitución, y de la Ley 122.
Otro punto negativo enumerado por Surun Hernández, es que supuestamente se entrega al Ministerio de Justicia, el control y fiscalización de abogados y notarios, despojando al Colegio de Abogados y al Colegio de Notarios de dichas facultades, que le fueron otorgadas en virtud de la Ley 3-19 y 140-15, asestando un rudo golpe a la libertad y fortaleza gremial en República Dominicana.
“De hacerse realidad la propuesta hecha por el Poder Ejecutivo, dicho Ministerio de Justicia asumiría, además, la expedición de todas las certificaciones oficiales del Estado dominicano, muy especialmente de los certificados de no antecedentes penal, bajo el riesgo de politizar dicho sistema, que ha tenido una labor aceptable en los últimos años”, advirtió Surun Hernández.
Lamentó que, según el proyecto, el Sistema carcelario pasaría al Poder Ejecutivo, destruyendo reformas instauradas en virtud de la Ley 113-21.