Empresario canadiense, Antonio Carbone, anuncia campaña «guerra cristiana sin derramamiento de sangre», iniciativa contra la corrupción RD; exige devolución de bienes superior a US$580 millones
Santo Domingo.- El empresario canadiense Antonio Carbone, anunció la campaña nacional «guerra cristiana sin derramamiento de sangre», una iniciativa que va contra la corrupción en República Dominicana.
Carbone, quien afirma haber sido víctima de una trama de corrupción que involucra a funcionarios, legisladores y empresarios, sostiene que su situación personal refleja un problema sistémico en el país.
«Estamos convencidos de que con firmeza y unidos lograremos salir airosos de esta lucha contra un mal que tanto daño ha hecho a la sociedad», aseguró Carbone.
Explicó que la campaña tiene como objetivo movilizar a organizaciones religiosas, sociales y defensores de los derechos humanos en el territorio nacional, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad en cada rincón de República Dominicana, sobre el daño que le hace la corrupción administrativa al país.
Carbone enfatiza la necesidad de acción, citando que hasta en la biblia, en el libro de Eclesiastés tres en el antiguo testamento expresa que «hay tiempo para todo, tiempo para la guerra y tiempo para la paz».
“Estaremos en cada rincón del país de la mano con las fuerzas vivas de la sociedad proclamando nuestra guerra cristiana contra la corrupción”, exclamó Carbone.
Dijo que ha tocado todas las puertas para que en su caso se haga justicia y hasta el momento no se ha hecho cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional que ordena la devolución de sus bienes.
El caso Carbone ha generado debates públicos sobre la aplicación de la justicia y el respeto a las decisiones del Tribunal Constitucional.
La sentencia TC/0367/21 ordena la restitución del patrimonio de Carbone, valorado en más de US$580 millones, una decisión que, según el empresario, aún no se ha cumplido.
Ante esta situación, Carbone ha denunciado desacato judicial y corrupción ante la delegación de las Naciones Unidas (ONU) y las embajadas acreditadas en República Dominicana, acusando, específicamente, al Palacio Nacional, el Ministerio Público y el Ministerio de Hacienda.