Envían a Najayo Hombre y Najayo Mujer a cumplir medidas de coerción de tres meses, joven de 18 años y dos jovencitas de 19, a quienes encontraron dos armas de fuego en jeepeta en avenida Mella, Andrés, Boca Chica
SANTO DOMINGO.- Una jueza de Santo Domingo Este impuso este lunes tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra tres personas arrestadas el pasado nueve de mayo cuando se desplazaban en una yipeta por la avenida Mella, sector Andrés, municipio Boca Chica, portando dos armas de fuego de manera ilegal.
Alexander Martínez Nolasco, de 18 años de edad; Karla Julisa Rodríguez y Ashley Mariel Sánchez Victorino, ambas de 19 años, son procesados por porte ilegal de armas de fuego, y deberán cumplir las medidas de coerción en los centros de corrección y rehabilitación Najayo Hombres y Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal.
La fiscal Zayra Soto, del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Persona de la Fiscalía de Santo Domingo Este, estableció en la solicitud de medida de coerción que las armas fueron ocupadas en una yipeta marca Honda CRV, color blanco, que era conducida por Rodríguez, quien a su vez estaba acompañada por Sánchez Victoriano y Martínez Nolasco.
Durante una requisa al vehículo fueron encontradas dos armas de fuego tipo pistolas, calibre 9MM, marcas Glock, la primera con su cargador y cuatro cápsulas para la misma, y la segunda sin cargador.
En medio de la palanca de los cambios también fue encontrado un cargador para pistola, color negro, con capacidad para 30 cápsulas, teniendo dentro 10 cápsulas para el mismo.
El fiscal litigante Tito Oseas González Ramírez, quien representó al Ministerio Público en la audiencia, estableció con distintas evidencias la vinculación de los procesados al caso, el cual recibió la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 43-B, 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
La jueza Karen Casado Minyety, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, impuso la medida de coerción tras analizar distintas pruebas documentales, testimoniales y materiales presentadas por el órgano persecutor durante la audiencia.