Faride Raful, en pleno palacio de PN, advierte los 11 agentes de distintos rangos apresados por la supuesta sustracción de 900 mil proyectiles, se les aplicará todo el peso de la Ley
Santo Domingo.- La ministra de Interior y Policía, Faride Raful advirtió que con las detención de 11 agentes de la Policía Nacional, implicados en la presunta sustracción de más de 900 mil proyectiles de la Intendencia de Armas, se ha roto un sistema de impunidad que ha causado una justificada indignación colectiva.
“Cualquier persona que intente manchar la transparencia que impulsamos desde la reforma policial será definitivamente procesada con todo el peso de la ley. Ya el Ministerio Público tomó su tiempo, identificando a las personas en esta etapa y tiene las pruebas suficientes para someter a la justicia”, manifestó.
Raful destacó que la investigación del Ministerio Público inició en octubre, tras una solicitud conjunta del Ministerio de Interior y Policía y el director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Guzmán Peralta.
La funcionaria hizo la advertencia en el Palacio de la Policía Nacional, en presencia de agentes de diferentes rangos, que han visto a sus compañeros de armas caer por estar involucrados en actos de corrupción administrativa.
Raful ofreció las declaraciones durante la acostumbrada rueda de prensa a los medios de comunicación al concluir la reunión de la Fuerza de Tarea Conjunta, que en esta ocasión encabezó la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.
Por otra parte, Raful informó que a través de las jornadas de la operación Garantía de Paz iniciadas en septiembre pasado, seguirán implementándose los fines de semana por la tranquilidad social y reducir los conflictos.
Informó que el Ministerio de Interior y Policía está abierto a los representantes de la Unión Dominicana de Propietarios de Centros Nocturnos y de Diversión, que este lunes marcharon hasta el Palacio Nacional en demanda de que se les escuche.
Dijo que esos comerciantes han sido recibidos en tres ocasiones para explicarles las normas como la Ley 90-19 sobre Prevención, Supresión y Limitación de Ruidos Nocivos y Molestos, que protege a los ciudadanos de la contaminación sónica.