Fiscalía allana residencia de exempleados del Consorcio Azucarero Central quienes tienen demanda a la empresa azucarera en reclamo de pago prestaciones laborales

BARAHONA.- Con el objetivo de que no prospera la demanda en lo laboral que tenían cuatro empleados del Consorcio Azucarero Central (CAC)-Barahona, la empresa, contrademandó en lo civil, apresando a dos en principio, pero que luego, aumentó a cuatro.
La Fiscalía de aquí allanó la mañana de este viernes a varios exempleados del Consorcio Azucarero Central (CAC), quienes le mantenían una demanda en los tribunales para que les paguen sus prestaciones laborales de 14 y 19 años de servicios.
Los fiscales rebuscaron papeles en gavetas, cajas y todo lugar de la residencia de Orquídea Batista, residente en Villa Central, en busca de algo comprometedor.
Los primeros en ser allanados son los esposos Orquídea Batista y Otto Núñez, pero según los informes, serían allanados y apresados, además, Wander Matos y Edwin Gómez.
Al grupo, la empresa azucarera de Barahona, administrada por guatemaltecos, le habría hecho un sometimiento penal, mientras se lleva a cabo el proceso laboral.
¨Nos allanaron la casa y están llevando a todos detenidos, abrieron proceso penal contra notros. Nos llegaron a las siete¨, escribió Batista al Grupo de Comunicaciones Armario Libre.
Contra el CAC, se lleva a cabo en la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia de Barahona, una demanda en reclamo del pago de prestaciones laborales a la que habrían renunciado bajo presión.
En materia laboral, el caso es llevado por el magistrado Manuel Aurelio González, mientras la próxima audiencia está pautada para el próximo jueves 31 de octubre.
Los tres exempleados acusaron al CAC de someterlos a tortura, presión psicológica, maltratos y otras vejaciones, el día que fueron despedidos y obligados a firmar sus renuncias sin haberlas leído.
Los exempleados, sin darse cuenta, habrían firmado sus renuncias a todo tipo de compromiso del CAC, para con ellos.
El caso fue conocido y los exempleados, Orquídea Batista, Otto Núñez, Wander Matos y Edwin Gómez salieron en libertad, luego de pagar sus respectivas medidas de coerción.
El abogado de los exempleados, demostró en los tribunales que los ejecutivos obligaron a sus subalternos a renunciar a sus casi 50 años laborales con fuertes amenazas.
Los exempleados ganaron un round, el penal, pero continúan en lo laboral.
Por primera vez, en ambos casos, los ejecutivos del CAC fueron obligados a ir a los tribunales y sus rostros vistos por los asistentes a los juicios o por las páginas de Armario Libre (impreso) y a través de su plataforma digital.
Audiencia en curso
Las dos audiencias, una por demanda laboral por tres empleados y la otra en el orden penal que llevan empleados y el Consorcio Azucarero Central Barahona (CAC), fueron pospuestas para este sábado y para noviembre.
Este jueves, antes de iniciar la audiencia, fueron apresados Wagner Matos Padilla y Edwin Gómez García, quienes se suman a Orquídea Batista Flora y Otto Núñez, presos desde el pasado 25 de octubre, involucrados en un supuesto desfalco por RD$25 millones en la empresa azucarera.
La audiencia en lo penal, pospuesta para este sábado, se lleva a cabo en el Juzgado de Atención Permanente de esta ciudad de Barahona; mientras lo laboral, se realiza en la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia fue aplazado el 28 de noviembre.
El sábado se le conocerá la medida de coerción a Matos Padilla, Gómez García, Batista Flora y Otto Núñez.

El magistrado aplazó para noviembre lo relativo a lo laboral para citar los ejecutivos del CAC del área financiera, Amable Féliz y José Féliz, así como a Virgilio Pérez-Bernard, encargado de Gestión Humana y Pablo Campollo, uno de los más grandes funcionarios de la empresa.

El doctor Carlos Julio Féliz Vidal, abogado de los extrabajadores Matos Padilla, Gómez García y Batista Flora, afirmó que el CAC, al presentar querella por un presunto fraude cometido en la empresa azucarera, confirma lo denunciado por los exempleados en las demandas laborales de nulidad de renuncia, reintegro laboral, pago de salarios caídos e indemnización complementaria que se viene conociendo por ante la Segunda Sala de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Barahona.
Féliz Vidal explicó que los tres trabajadores han hecho público que fueron secuestrados, vejados y humillados durante horas el pasado mes de mayo, en las instalaciones del CAC, coartados de su libertad por personal de seguridad de la empresa, interrogados por investigadores privados y abogados que se desplazaron desde Santo Domingo a Barahona, en torno de una supuesta estafa que cometieran ejecutivos extranjeros de la misma empresa, sin que los trabajadores dominicanos tuvieran dominio de los hechos.
Manifestó el que los entonces empleados fueron amenazados de ser incluidos en el proceso penal que presuntamente les seguirían a los extranjeros, sino renunciaban a sus puestos de trabajo y a sus prestaciones laborales, lo que afirmó, constituye una seria violación al artículo 62 de la Constitución de la República, a Convenios de la Organización Internacional del Trabajo y al Código Laboral Dominicano, además de que pueden ser sancionados por la legislación penal.
Denunció que el nivel de represalia ha llegado tan lejos, que la empresa ha despedido a todo trabajador que ha sido ofertado por los demandantes, para que testifiquen acerca del secuestro y vejamen al que fueron sometidos para constreñirlos a renunciar a prestaciones laborales acumuladas durante décadas de trabajo en la corporación empresarial.
Féliz Vidal, catedrático universitario, llamó la atención del Ministerio Público para que no se deje sorprender en su buena fe, por el CAC.
Solicitó al Ministerio Público abrir una seria investigación sobre la denuncia de secuestro a la que los trabajadores dominicanos han dicho que fueron sometidos por ejecutivos e investigadores y personal al servicio del CAC, sustituyendo el rol normal de las autoridades públicas, al tiempo que pide al Ministerio de Trabajo ordenar una exhaustiva investigación del caso a los fines de garantizar la dignidad de los trabajadores y erradicar las prácticas lesivas a los derechos fundamentales que viene últimamente implementado la empresa en la región Enriquillo.