Santo Domingo.-La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), advirtió al Congreso nacional que someter y llevar a cabo un juicio político de destitución, en contra del pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, en las actuales circunstancias sería más negativo que positivo y un escollo, para la ya tan debilitada lucha contra la corrupción.
De igual forma, recordó la gran crisis a lo interno del órgano auditor, con un descrédito creciente, deficiente desempeño, falta de gerencia y coordinación entre sus miembros, además de los graves cuestionamientos y acusaciones de tipo penal, que pesan sobre su actual presidente Janel Andrés Ramírez.
En tal sentido, dijo entender que, “abocarnos a un juicio político y una eventual destitución de sus miembros, observando un debido proceso de ley y una duración mínima de dos meses, cuyo proceso mantendría al órgano en un limbo, con el inconveniente de otros tres meses para seleccionar una nueva cámara”.
Dijo que se perdería un mínimo de 5 meses, con miembros nuevos que apenas vendrían a completar el periodo faltante, de algo menos de un año y medio, con la tarea de organizar personal, hacer un levantamiento y conocer a profundidad las funciones y los retos que tendrán por delante, perdiendo también un tiempo que haría aún más inoperante el órgano, todo ello afectando sensiblemente los avances que, hasta ahora, viene registrando el Ministerio Público.
Trajano Potentini, presidente de la entidad, explicó que, que aun con los cuestionamientos éticos y las profundas diferencias entre sus miembros, estos estarían en mejores condiciones, que cualquiera otro, que llegue nuevo, para sacar algunos informes y auditorías, de las tantas que hay pendientes y en curso, de lo contrario caeríamos en un limbo, resultando en más impunidad y mayores problemas en el combate a la corrupción.
Asimismo, la FJT exigió del Senado de la República el darle cumplimiento a la ley 10-04 sobre la Cámara de Cuentas, cuando dispone en su artículo 13 lo siguiente: Bufete directivo.
Al designar los miembros de la Cámara de Cuentas, el Senado de la República conformará un bufete directivo, integrado por un presidente, un vicepresidente y un secretario, quienes durarán en sus funciones por el período de dos años.
En suma, es mandatorio por su ley, el renovar cada dos años su bufete directivo, siendo saludable el que se cumpla con la igualdad y el género, dándole la oportunidad a una de las tres mujeres para que encabece el órgano, formula que ojalá pueda considerase en una eventual reforma a su ley, incluso que los 5 miembros, en los 4 años de gestión, se alternan mujeres y hombres en los puestos directivos, permitiendo así mayor control, participación y gobernabilidad del órgano.
Finalmente la Fundación Justicia y Transparencia, entiende que es el momento oportuno para producir de cara al futuro una reforma, no que garantice la gobernabilidad como mucho han planteado, con el absurdo de que le den más poderes al presidente, sino más bien democratizando, modernizando y eficientizando la labor del órgano, garantizando la rotación de su bufete directivo, con más recursos humanos y económicos, y una estructura que esté en condiciones de practicar la mayor cantidad de auditorías, nunca menos del 2% de las planificadas, como informara el señor Janel Ramírez en un programa de televisión, lo cual supone un porcentaje infinitamente inferior a lo racional, costando al país cada auditoría, siendo muy conservador, más de 25 millones de pesos por auditoría, ello así tomando en consideración las auditorías realizadas y el presupuesto ejecutado todos los años.
Las presentes declaraciones fueron ofrecidas en rueda de prensa, con la presencia de directivos de la fundación, entre ellos Cándido de Jesús Cruz, Jatzari Méndez y Lenny Peña, en el salón de eventos de la entidad.