Friendo y comiendo…Poder Ejecutivo promulga modificaciones a Ley 97-25 que reforma el Código Procesal Penal aprobado el pasado viernes por el Senado

Santo Domingo. – El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, informó que el presidente de la República promulgó la Ley número 97-25, aprobado el pasado viernes, con modificaciones, por el Senado de la República.

Destacó que la reforma al Código Procesal Penal, tiene grandes cambios, y con las modificaciones se da cumplimiento a la sentencia TC 0765 24 que ordenó sustituir la Ley 10-15.

Peralta Romero informó que esta reforma, por demás, apuesta por una normativa acorde con los principios democráticos y asume distintos criterios que el Tribunal Constitucional y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) han venido creando en la materia.

Destacó que la nueva ley moderniza el texto vigente hasta hoy, ya que fortalece parte importante de los 28 principios del proceso penal.

Igualmente consolida un modelo procesal más ágil, garantista y coherente con el Estado social y democrático de derecho.

El texto, dijo, fue promulgado este domingo y será publicado en la Gaceta Oficial el próximo lunes.

“De conformidad con nuestra normativa en la materia, entrará en vigor a partir del próximo martes en el Distrito Nacional y a partir del miércoles en el resto del país”, precisó Peralta Romero.

Expresó, que, entre los elementos destacables del texto promulgado, está la ampliación de los mecanismos modernos de resolución de conflictos, incluyendo justicia restaurativa, criterios de oportunidad, acuerdos, conciliaciones, procedimientos abreviados y suspensión condicional del procedimiento, disponible ahora para hechos sancionados con hasta cinco años de prisión.

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo expresó que es igualmente notorio que la reforma fortalece el derecho de defensa y las garantías al elevar los principios fundamentales y modernizar los procedimientos.

Manifestó que la pieza refuerza la presunción de inocencia, se asegura la asistencia técnica integral para partes vulnerables, y se garantiza una aplicación más humana mediante el principio de favorabilidad procesal.

Peralta Romero añadió que, los derechos del investigado se activan desde los primeros actos, como la citación o la inmovilización de fondos, y se amplía el plazo para que la defensa presente su escrito.

Expresó, que además, se otorgan más oportunidades para que la defensa solicite contraperitaje, y se fijan plazos máximos de dos años para los archivos provisionales, que antes no tenían límite.

En el régimen de medidas de coerción, la reforma establece reglas más claras sobre el arresto y las órdenes de comparecencia, e impone un mayor rigor en el control judicial en la revisión obligatoria, respondiendo a las exigencias de necesidad, razonabilidad y estricta motivación para la restricción de libertad.

También, se incluye el criterio explícito de plazo razonable, estableciendo un máximo de cuatro años para casos ordinarios y cinco años para casos complejos, con criterios claros para su cómputo.

Adicionalmente, se garantiza un recurso de apelación efectivo, al eliminar el «nuevo juicio» y otorgar facultades a las cortes para instruir el proceso conforme a las reglas del juicio, asegurando un doble grado de jurisdicción real y funcional.

Destacó que en definitiva, el reformado Código Procesal Penal está orientado a mejorar la administración de justicia penal y modernizar profundamente el sistema, impulsando una transformación basada en la celeridad, la economía procesal, la especialización y el consenso entre las partes, con el objetivo de lograr una justicia más rápida, eficaz y centrada en la solución del conflicto.

Resaltó, además, que presenta una necesaria armonización con el nuevo Código Penal, que se expresa en la adecuación a la nueva clasificación de infracciones.

“Las extensas sesiones de trabajo que dieron como resultado esta importante reforma, participaron, además de los legisladores, importantes sectores de la sociedad y el Estado, lo que permitió que se arribara a consensos importantes. Estuvieron presentes en el proceso el Ministerio Público, la Defensa Pública, el Poder Judicial, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y distintos representantes de la comunidad jurídica”, dijo el funcionario.