Fuerza del Pueblo denuncia que Gobierno pretende vender como vaca muerta el 49% acciones de Punta Catalina

Santo Domingo.- El partido Fuerza del Pueblo manifestó su oposición a la venta del 49% de las acciones de la termoeléctrica Punta Catalina, construida por el Gobierno, al considerar los precios irrisorios, y respaldó que esos activos tengan como único duelo al pueblo dominicano.

Según Fuerza del Pueblo, el Gobierno piensa vender el 49% de las acciones de Punta Catalina por US$304.78 millones.

Expresó la organización política que la transacción anunciada que contempla la venta de acciones del  proyecto, construido por el consorcio Odebrecht, Technimont y Estrella, “parte de premisas incorrectas presentadas con fines políticos y particulares por el Ministerio de Hacienda”.

“Es nuestra obligación como organización política responsable y vigilante indelegable de la transparencia en relación al destino de los bienes públicos, desentrañar las interioridades de este burdo engaño, que ese no es, ni remotamente, el monto total de los recursos aportados por el Estado dominicano en relación a este escandaloso proyecto”, precisó. 

Explicó que, en efecto, el valor en libros de US$2,372.9 millones no recoge el pasivo contingente de los US$708 millones reclamados por el consorcio liderado por Odebrecht como sobrecostos incurridos en la ejecución de la obra y que se encuentran en un proceso arbitral en una corte de Nueva York, y obligó a especializar un fondo contingente de US$336 millones para terminación de la obra”.

Fuerza del Pueblo expresó que es altamente probable que el litigio sea fallado en contra del Estado dominicano, en su totalidad o una porción significativa, ya que estos sobrecostos, que alteraron el precio de la obra, solo podían ser aprobados por la vicepresidencia ejecutiva de CDEEE, de acuerdo al artículo 9.1.5 del Contrato de Ingeniería y Procura (EPC, No.101/14) aprobado por el Congreso Nacional y por el poder especial número 57-14 del presidente Danilo Medina.

“Esto evidencia una vez más, la falta de transparencia y rigurosidad técnico-profesional que ha acompañado este proyecto, de forma deliberada ha sido ocultada una significativa cantidad de renglones relacionados con el costo total del proyecto”, manifestó.

En este sentido, expresó que en el valor en libros de US$2,372.9 millones de dólares que se pretende usar de referencia contable de los activos, tampoco han sido considerados los costos del propietario, que son todos los de desarrollo incurridos fuera del EPC contratado al Consorcio ODEBRECHT –Engineering, Procurement & Construction- para llevar el proyecto a un nivel de operatividad comercial.

Explicó que en el caso de Punta Catalina, usando como referencia el valor contractual del EPC de US$1,945 millones, estos significarían “otros US$389.00 millones de gastos adicionales que están siendo ocultados a la ciudadanía y que extrañamente no han sido incluidos como los reales costos contables del proyecto”.

“Para agravar la falta de transparencia evidenciada anteriormente, el gobierno se destapa con una nueva operación, pretendiendo vender los activos de la planta de Punta Catalina a precio de vaca muerta (US$304 millones), como se dice popularmente, cuando la inversión real de esa planta de acuerdo a los técnicos de la Fuerza del Pueblo, acabará superando los US$3,500 millones, tal y como se desprende de las consideraciones anteriormente señaladas”, precisó.

Pretenden financiar venta al sector privado a 30 años 

Por otro lado, denunciaron que la operación de venta que se pretende realizar se hace más cuestionable, cuando bajo argucias financieras se busca financiar a 30 años al sector privado una planta rentable –ya que pagaría menos de un 10% de su valor de mercado- mediante una alquimia contable de asignación de US$1,750 millones de pasivos que serían considerados “costos operativos” de la central y descontados del pago de impuestos sobre la renta de la mencionada sociedad comercial Punta Catalina, S. A.

“Esto se convertiría en una graciosa transferencia de renta al inversionista privado, de alrededor de 875 millones de dólares, que en el caso actual irían en su totalidad a engrosar las arcas estatales. Muy diferente sería la transacción si el inversionista asumiera los US$1,750 millones como deuda privada y no de la sociedad comercial”, explicó.