Fundación Justicia y Transparencia rechaza privatización del Metro, Omsa, Teleférico e Instituto del Cáncer
Santo Domingo.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), rechazó los aprestos de algunos sectores para privatizar los servicios de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Teleférico y Metro de Santo Domingo, además del Instituto del Cáncer.
El presidente de FJT, Trajano Vidal Potentini, criticó que esas instituciones sean privatizadas bajo el alegato del renovado enfoque de tendencia neoliberal, fundamentado de manera errónea en los objetivos de la reciente ley 47-20, que regula las alianzas público privadas.
Vidal Potentini, explicó que ciertamente, la ley procura facilitar que el sector privado se asocie con el Estado para desarrollar grandes proyectos, como carreteras, empresas en el área turística, entre otros tantos renglones, atrayendo inversión extranjera y fomentando la creación de empleos, con inversiones y proyectos, donde se parte normalmente desde cero y a cargo de la inversión privada, nunca en temas tan sensibles como el servicio básico del transporte o la salud, más aun, tratándose de infraestructuras, en las cuales el Estado bajo el sacrificio del pueblo dominicano, ya las pagó o estableció en su totalidad.
Según la FJT las alianzas públicas privadas o APP, como se les denomina en la ley, resultan de mucho beneficio para el Estado y en general para la ciudadanía, donde se articula tradicionalmente un acuerdo entre sector público y privado, facilitando uno la inversión, y el otro, normalmente las facilidades en los casos que aplique, de expropiación de terrenos, exenciones impositivas, como aporte del Estado para el nuevo proyecto a considerar.
Vidal Potentini abogó porque se mantenga íntegro el espíritu y finalidad de la ley 47-20, la cual ojalá no sea prostituida y se use, incluso para afectar la gobernabilidad democrática, como podría suceder ante la barajada privatización de servicios y prestaciones, tan básicas e indispensables para el pueblo, responsabilidades inherentes al Estado, en su rol constitucional, de garantizar los derechos fundamentales y la dignidad de los dominicanos.
Dijo que aspira a que se trate de un mal entendido y que las autoridades, oportuna y contundentemente puedan aclarar, llevando paz y sosiego a la familia dominicana.