Gobierno de México presenta denuncias contra empresas factureras por fraude de defraudación fiscal

La Procuraduría Fiscal en México anunció que presentará siete denuncias contra empresas factureras que vendían facturas simuladas en una operación masiva de defraudación fiscal y lavado de dinero.

Hasta el momento, el Servicio de Administración Tributaria, organismo encargado del cobro de impuestos, ha detectado a 43 empresas factureras que han realizado operaciones por 93.000 millones de pesos (4.169 millones de dólares), lo cual provocó que se dejaran de recaudar 55.125 millones de pesos (2.471 millones de dólares).

Estas 43 empresas están relacionadas entre sí. Bajo este esquema participaron 8.212 empresas, que, en su mayoría, pagaron nómina pero no la retención del Impuesto Sobre la Renta.

«El esquema de factureros se utiliza también para justificar gastos en actividades ilícitas, como lo es la corrupción. Algunas empresas, así, inventan facturas de gastos falsos y para disfrazar pagos ilícitos», indicó la titular del SAT, Raquel Buenrostro, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, celebrada el martes 23 de junio.

La funcionaria explicó que este esquema de defraudación fiscal comenzó a incrementarse a partir de 2010.

El Gobierno enviará cartas a los contribuyentes involucrados en la compra de facturas falsas, para que las personas que «no se dieron cuenta que estaban metidos en este esquema» puedan regularizar su situación.

Para ello, se dará un periodo de tres meses. En caso de no regularizar su situación, el Gobierno procederá judicialmente.

En este sentido, la Procuraduría Fiscal señaló que presentará un primer paquete de denuncias penales, con el objetivo de combatir a las principales empresas emisoras de facturas falsas. A partir de 2020 esta práctica es considerada como delincuencia organizada y podría incluir hasta 16 años de prisión.

«Se acabó la fiesta», advirtió el procurador fiscal, Carlos Romero.El funcionario explicó que las empresas factureras funcionaban como empresas fantasma, cuyos domicilios fiscales estaban en terrenos o lugares donde no se realizaba ninguna actividad económica.

El Gobierno federal otorgará tres meses de amnistía para que las personas que recurrieron a esta práctica por desconocimiento, puedan regularizar su situación.

Por su parte, el presidente López Obrador aseguró que a pesar de las molestias que pueda ocasionar el combate al fraude fiscal, señaló que atender este asunto es una de las prioridades de su administración.

«No podemos ser cómplices, no podemos encubrir a nadie», dijo el mandatario, quien aseguró que es necesario lograr una buena recaudación para poder brindar los servicios que la población necesita.

«Es mí deber, es mi responsabilidad, y esto es parte del cambio. Esto nos va a ayudar mucho para que actuemos con rectitud, con integridad, con el compromiso que los impuestos no se van a utilizar para hacer rico a nadie, como era antes», agregó.

Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Asumiremos que está de acuerdo con esto, pero puede optar por no participar si lo desea. Aceptar Leer más Aceptar Leer más

Privacidad & Cookies Politica