Santo Domingo.-El dirigente perredeista Guido Gómez Mazara y Domingo Rojas solicitaron ante el juzgado de la instrucción, objetar la decisión de la Procuraduría General (PGR) de archivar definitivamente la investigación a la acusación de soborno contra Andrés “Andy” Dauhajre Nader.
Dijo que las acusaciones son por operaciones, actos de parcialidad, cumplimiento del pago de impuestos y recepción de fondos provenientes de la empresa constructora Odebrecht porque bajo la condición de asesor de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) jugó un papel sospechoso durante el proceso.
El abogado y representantes de la Fundación Nacional de los Derechos Civiles, Inc afirmó que se torna sospechoso y señal inequívoca de complicidad que el día 26 de diciembre del 2019 la PGR notificara un “archivo definitivo” del proceso de investigación.
Afirmó que con esto se pretende que el poder político sirva de cobertura de todo un escándalo de corrupción caracterizado por un contrato entre CDEEE y Andrés Dauhajre de US$ 750,000,00 y en el que la compañía Baker Street Financial y Fincastle Enterprises, LTD aparecen recibiendo montos millonarios a favor del economista y la compra de un apartamento en la ciudad de New York.
Advierten que han sido los mismos delatores de todo el proceso de Odebrecht los que establecieron que los mecanismos de pago se ejecutaban por vía del departamento de sobornos, claramente definidos por la empresa con la meta de conseguir contratos.
En cuanto al caso de Punta Catalina, recordaron la cantidad de recursos públicos destinados para su construcción porque no existió la posibilidad de conseguir financiamiento internacional para la obra, lo que resulta contraproducente con los “resultados”.
Aseguran que la aparición de un contratado que no logra el objetivo pero es remunerado con sumas millonarias y que ahora el Ministerio Público encargado de perseguir la corrupción evada o se torne cómplice respecto de montos que alcanzan a US$ 9,514,430.00, sin ningún tipo de responsabilidad al receptor de esos fondos.
Gómez Mazara y Domingo Rojas advirtieron que colocar el archivo en un fecha como la última semana de diciembre revela la intención mañosa fundamentada en el plazo de cinco días hábiles para atacar la decisión, como lo hicimos, vía un recurso de objeción que deberá conocerlo un juez de la instrucción porque son muchos los rastros que sirven de materia prima para la actuación responsable de todo magistrado con verdadero compromiso e integridad.
Explicaron que las maniobras detectadas entre Andrés Dauhajre y Odebrecht en el caso de Punta Catalina caben perfectamente en el ámbito del Código Penal cuando aborda el soborno o cohecho desde el artículo 177 hasta 183 y la ley 155-17 sobre lavado de activos.