Santo Domingo.-El propietario de un almacén que comercializó bebidas de fabricación clandestina que provocaron dos muertes en el municipio Los Alcarrizos, fue condenado a tres meses de prisión preventiva.
El Tribunal de Atención Permanente de este distrito judicial le impuso la medida de coerción a Santo Andrés González Vizcaíno (Carlos), quien deberá cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
De acuerdo con el expediente acusatorio, González Vizcaíno vendió las bebidas de elaboración ilegal que provocaron la muerte de Pedro Vallejo Reyes y Edward Venabide Beltrán, mientras estos compartían en un colmado.
Vallejo y Beltrán perdieron la vida el pasado 4 de abril, tras presentar severos malestares de salud y luego de ingerir una bebida alcohólica que había sido embotellada en el envase de una marca debidamente registrada.
La fiscalía determinó que el imputado, propietario del negocio Casa Surtidora González, ubicado en el sector Hato Nuevo, de Los Alcarrizos, abasteció su establecimiento mediante compras informales a otro hombre, sin ningún criterio de responsabilidad y verificación de calidad en los productos que ofrece a sus clientes.
Mientras que en Villa Tapia dos hombres de nacionalidad haitiana que se dedicaban a la venta de bebidas adulteradas en diferentes establecimientos del municipio de ese municipio fueron condenados a medidas de coerción.
La jueza Yudelka de León, del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Hermanas Mirabal, impuso presentación periódica contra Lino Etinie y Samo Sanyu, además de una garantía económica de 20 mil pesos por cada uno. También ordenó mantener bajo custodia de las autoridades la bebida retenida hasta tanto sea sometidas a los análisis de rigor.
Señala la instancia que el imputado Lino Etinie fue sorprendido por agentes de la Policía Nacional, mientras vendía la bebida alcohólica en un colmado conocido como “Los Haitianos”, y tras registrar el lugar fueron encontrados 29 litros de alcohol falsificado de diferentes tamaños y presentaciones, con etiquetas de reconocidas marcas licoreras del país.
Mientras que en el mismo sector fue apresado Samo Sanyu, a quien se le encontraron 56 litros de alcohol que vendía en un negocio conocido como “Alfredo”.
Los representantes del Ministerio Público otorgaron al caso la calificación jurídica de violación a la Ley 42-01, General de Salud, en su artículo 156; la Ley 243, General de Alcoholes, en sus artículos 50, 56, 66 y 68, y Ley 17-19, para la Erradicación del Comercio Ilícito y Contrabando de Productos.