Inspector general Ministerio Público sigue investigación fiscalizador Antonio Garabito, designado director regional Industria, Comercio y Mipyme en Barahona
Santo Domingo.- La Procuraduría General de la República informó que continúa la investigación del fiscalizador de la provincia Bahoruco, Antonio Garabito Ramírez, designado director regional de Industria, Comercio y Mipyme en Barahona.
La Dirección de Comunicaciones de la Procuraduría General de la República, confirmó que Garabito Ramírez pidió una licencia al Ministerio Público como fiscalizador y para gestionarla se amparó en el nombramiento de su designación en Industria, Comercio y Mipyme.
“El caso está bajo investigación”, confirmó la Procuraduría General de la República, este jueves, expresando, además, que, de un momento a otro, concluirá y será dado a conocer a la opinión pública.
La investigación del caso está siendo llevada a caobo por el procurador adjunto, Juan Medina de los Santos, designado recientemente como Inspector General del Ministerio Público.
Medina de los Santos, es el responsable de encabezar las investigaciones disciplinarias dentro del órgano del sistema de justicia
La designación de Medina de los Santos la aprobó el
El Consejo Superior del Ministerio Público designó a Medina de los Santos el pasado 13 de octubre, mediante una resolución aprobada en su XXII sesión, del nueve de octubre de este 2020.
El pasado 29 de septiembre, Garabito Ramírez, solicitó una licencia ordinaria sin disfrute de sueldo al Ministerio Público, para hacerse cargo de la oficina regional de Industria, Comercio y Mipyme en Barahona.
El también dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), había sido designado fiscalizador el 23 de septiembre del año pasado.
La Procuraduría General de la República reportó este jueves que el caso que involucra al fiscalizador Garabito Ramírez está en su fase final.
Medina de los Santos, debe decidir si acepta o no la petición de Garabito Ramírez.
Ninguna persona que ocupe un puesto en el Ministerio Público podrá ocupar otra función en el Gobierno o el sector privado, a menos que sea como profesor, porque es violatorio a la Constitución de la República y la Ley 133-11 Orgánica del Ministerio Público.