Inversionista de Jarabacoa denuncia extorsión y chantaje para despojarlo de su propiedad con apoyo de autoridades
Constanza, Jarabacoa.-Un inversionista de Jarabacoa denunció haber sido víctima de extorsión y chantaje por parte de integrantes del sistema de justicia donde interpuso una denuncia para evitar que se apropiaran de lo que le pertenece.
Eduardo Collado dijo que dos registradoras de títulos en La Vega, con actuaciones administrativas fueras de las leyes y reglamentos inmobiliarios, las autoridades competentes han tratado de ocultar y buscarle una solución por la vía del chantaje y la extorsión, que a nadie en nuestro país debe de extrañar por lo que estamos viviendo en materia de justicia.
Dijo que asombrosamente de una forma inexplicable en materia de derecho, este problema no se ha resuelto.
Informó que ante esa situación acudió ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (PEPCA), donde presentó una denuncia dirigida a la magistrada Jenny Berenice Reynoso y al magistrado Wilson Camacho, con el fin de demostrar lo que ha estado denunciando.
Precisó que al no obtener respuesta, depositó el pasado jueves 4 de febrero, a la magistrada Miriam German Brito, con el expediente 000939, con la esperanza de que nos reciba para iniciar la comprobación de los hechos que ha denunciado.
Manifestó que en ella figuran los nombres y apellidos de los integrantes de la red mafiosa donde hay seis fiscales, cuatro jueces de la jurisdicción penal y cuatro de la jurisdicción civil, cuatro registradores de títulos, dos abogados, un alguacil y dos notarios que se asociaron para despojarlo de su propiedad en componenda con un empresario.
Dijo que después de su denuncia en enero del año pasado la inspectoría del Poder Judicial dio declaraciones públicas diciendo que se iba a investigar el caso, pero, “nunca nos llamaron, no se investigó nada, ni si quiera le pusieron número al expediente que estaba denunciando”.
Precisó que dirigió la denuncia al presidente del Consejo del Poder Judicial y a su vez presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, porque después de haber agotado todos los recursos administrativos en la jurisdicción inmobiliaria, no se ha resuelto nada.
De igual forma, solicitó la intervención del Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antioliano Peralta, para que en virtud del Decreto 33-21 emitido por el presidente de la Republica, este mismo año, apodere al grupo de abogados comandados por Sidmund Freud, para que después de revisar todo el proceso administrativo de este caso que tiene procesos civiles, le pueda dar una explicación exacta y verídica sobre este conflicto al presidente del a República, y le dé al país una información de lo que esto ha generado donde se ha puesto en peligro la seguridad jurídica.