Jueza II sala Cámara Civil y Comercial DN otorga plazo 15 días a DGII para que por escrito, liquide estreinte por más RD$524 millones a favor de abogado Ramón Emilio Concepción
Santo Domingo.- La jueza de la Segunda sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional, otorgó un plazo 15 días para escrito justificativo a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en la liquidación del astreinte por RD$524 millones 100 mil, en favor del abogado Ramón Emilio Concepción, por incumplimiento de sentencia del Tribunal Constitucional.
La magistrada Nidia Victoria Jorge Taveras, para abocarse a conocer el fondo del proceso rechazó el pedimento del Ministerio Público que buscaba el aplazamiento de la audiencia y conminó a las partes a concluir el fondo.
La jueza otorgó, además, diez días para la réplica y contra réplica de las partes.
El abogado Ramón Emilio Concepción, calificó como una lástima que el Ministerio Público, que está obligado por mandato constitucional a hacer ejecutar las sentencias del Tribunal Constitucional, acudió a la audiencia a dar un espectáculo, pidiendo un aplazamiento a pesar de que las instituciones estaban debidamente citadas cuando el Estado está comprometido.
Dijo que pensaron que por venir un nuevo abogado se podría alegar violación al derecho de defensa”, planteamiento que fue rechazado, pues este es un proceso que solo es para liquidar el astreinte”.
En su desacato a la decisión del máximo tribunal del país, la DGII prefirió interponer una demanda de interpretación de sentencia del Tribunal Constitucional ante un tribunal de menor grado, para dilatar el pago del astreinte (sanción económica), “pero somos de opinión que a la DGII le llegó la hora de tener que pagar ese monto, por una decisión que adquirió la categoría de la cosa irrevocablemente juzgada”, dijo el abogado.
La DGII figura en la relación que el Tribunal Constitucional remitió al consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, entre las instituciones del gobierno que incumplen las decisiones del más alto tribunal.
El Tribunal Constitucional declinó ante la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional, única y exclusivamente para su liquidación, sin embargo, ahora trata de revisar una sentencia del más alto tribunal.
La sentencia es la número 0358/09 que tiene la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, más el aspecto vinculante que tienen todas las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional.
“Están pretendiendo que un juez de primera instancia anule dos sentencias que ya dictó el Tribunal Constitucional, lo que sería romper el Estado de Derecho, el principio de legalidad y empezar una especie de autoritarismo legal en República Dominicana, eso es un terrorismo judicial”, advirtió Concepción.