Juzgado de Instrucción de Barahona envía a juicio, red desmantelada en operación Metal Blanco descubren más de RD$3 mil millones y un millón de dólares provenientes de drogas
Barahona.- El Juzgado de la Instrucción de aquí envió a juicio a los miembros de la red criminal de narcotráfico y lavado de activos, desmantelada con la Operación Metal Blanco en Barahona, en el año 2023.
El juicio es contra los procesados José Augusto Romero Cedeño, Danny Daniel Dotel de Sena (Ñoño), Walquides Arquímedes Pérez Santana (Pillay), Yuly Esther Pineda Matos, Yoan Moisés Ferreras Báez (Mochi), Máximo Leonardo Rodríguez Pineda, Yajhaira Ferreras Báez, Christelle Cuevas, Cledyn Pérez Féliz, Ruz Esther Matos (Bolola) y la persona jurídica Recicladora de Plástico Compra y Venta de Metales del Sur, SRL., líderes de la red.
El juez Daniel Emilio Medina Pimentel dictó el auto de apertura a juicio tras acoger de manera total la acusación del Ministerio Público, aceptando los elementos de pruebas presentados y la calificación jurídica.
Además, mantuvo el secuestro de los bienes, a pesar de que la metalera, ubicada en la calle Padre Billini de Barahona, al lado del río Birán, continúa abierta y operando sin ningún tipo de restricción.
El expediente señala que la red operaba en un complejo esquema de lavado de activos, a través del tráfico internacional de drogas, desde la región Sur de República Dominicana.
El grupo fue arrestado tras un operativo de interdicción, ejecutado el diez de julio de 2023, donde fueron ocupados 245 paquetes con un peso exacto de 254.080 kilogramos de cocaína clorhidratada.
Además, la red es vinculada con el decomiso el seis de septiembre de 2013, en el municipio de Juancho, provincia Pedernales, de 14 pacas con 446 paquetes, y el tres de agosto de 2018, con la incautación de 285 paquetes de cocaína clorhidratada, en la playa Caletón de Barahona.
Esta red criminal fue acusada por violación a las disposiciones de los artículos 4, letra D; 5, letra A; 35, literal D; 58, literal A y C, párrafo, 60; 75, párrafo II; 85, letra B y C, de la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, y los artículos 3, literal A, B y C; artículos 18 y 21, literal A y B, de la antigua Ley 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Narcotráfico y otras Infracciones Graves, así como los artículos 3, numerales 1, 2 y 3; artículo 9, numerales 1 y 2, de la nueva Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo.
Los acusados se dedicaban desde hace años al trasiego de drogas y no pueden justificar los bienes inmuebles y muebles adquiridos, toda vez, que esa estructura criminal movió en el sistema financiero nacional RD$1,221 millones 436 mil 064.41 y US$96 mil 665.41.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Barahona destacaron los movimientos, de manera particular de los acusados Yoan Moisés Ferreras Báez, quien lidera las cifras con entradas de (RD$830 millones 448 mil 082.71, además de entradas en dólares de US$ 61 mil 155.41).
Establece que el acusado José Augusto Romero Cedeño registró ingresos de RD$116 millones 123 mil ,019.66, además de US$34 mil 223.52.
La acusada Ruz Esther Matos también fue investigada, y se le atribuyen ingresos por RD$1 millón 376 mil 700.00.
Mientras que la empresa Recicladora de Plástico Compra y Venta de Metales del Sur Replacovemesur SRL, también se destaca como instrumento de la organización criminal con movimientos financieros de RD$35 millones 829 mil 826.76).
Cledyn Pérez Féliz se desglosó el expediente y fue declarado en rebeldía.
El equipo de Fiscales, dirigidos por la doctora Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y el licenciado Wellington Matos, procurador fiscal titular de la Fiscalía de Barahona, confirmaron la individualización de cada acusado, con las pruebas recabadas en la etapa de la investigación.
También, fue expuesta la relación entre cada uno de ellos, estableciendo que se realizó una investigación apegada a la norma, en las que se obtuvo pruebas contundentes, tipo documentales, testimoniales, periciales, ilustrativas, materiales y audiovisuales, que vinculan estrechamente a los acusados con los hechos por los que se les acusa y que al final del proceso concluirá con una sentencia condenatoria y el decomiso de todos los bienes.
El Ministerio Público solicita en este proceso el decomiso de 30 bienes muebles e inmuebles, valorados en miles de millones de pesos, pertenecientes a la referida red.
Los fiscales investigadores de este proceso, fueron los magistrados Pedro Medina Quezada y Manuel Santiago Castro Lora, procuradores generales de Corte de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.