La dirección general de Contrataciones Públicas suspende de oficio y carácter cautelar RPE de cuatro empresas por presuntos vínculos societarios comerciales
Santo Domingo.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió de oficio y con carácter cautelar, el Registro de Proveedores del Estado (RPE) de cuatro empresas, tras identificar la existencia de posibles vínculos societarios, comerciales y familiares con personas y sociedades bajo investigación del Ministerio Público por presuntos delitos contra la administración pública.
Las razones sociales impactadas por la medida preventiva, contenida en el acto administrativo número DGCP44-2026-003760 son Grupo Zomo, SRL; Southwest Corporation Dominicana, SRL; Marenas, SRL y Procesadora de Granos de Santo Domingo CK 1000, SRL.
Según una nota enviada por la DGCP al portal www.armariolibre.com.do, los procesos continuos de verificación, interoperabilidad y cruce de datos permitieron detectar coincidencias y conexiones de estas entidades con proveedores cuyos registros de proveedores ya se encontraban suspendidos en el marco de una investigación por delitos contra la administración en procesos de contratación pública.
El director de la DGCP, Carlos Pimentel, precisó que la medida se adopta amparada en las facultades otorgadas por la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas y su reglamento de aplicación número 52-26, con el objetivo prioritario de resguardar el patrimonio estatal y la integridad del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP).
La DGCP explicó que su actuación se ampara en el riesgo razonable de que las sociedades identificadas puedan ser utilizadas como mecanismos indirectos para mantener la participación económica de personas o estructuras societarias inhabilitadas previamente en las contrataciones públicas.
“La medida supera un examen de razonabilidad y proporcionalidad y persigue el fin legítimo de preservar la transparencia, la libre competencia y el patrimonio público ante la necesidad de evitar la elusión de las medidas cautelares previas”, expresa el acto administrativo dictado el 14 de septiembre.
La DGCP enfatizó que la decisión tiene carácter preventivo, provisional y no sancionador, por lo que no prejuzga la responsabilidad penal ni administrativa de las empresas afectadas ni de sus ejecutivos, función que compete de forma exclusiva al Ministerio Público y a los tribunales correspondientes.
Destacó que la suspensión se mantendrá vigente hasta que concluyan las investigaciones judiciales de los casos de origen o bien se acredite la desvinculación o cese de las circunstancias que motivaron la medida.