La jueza, el Ministerio Público y los imputados de la operación Calamar conocen por 13 horas medida de coerción a siete imputados; reinicia este lunes a partir de las diez de la mañana

SANTO DOMINGO.- La coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, jueza Kenya Romero, continuará este lunes, a las diez de la mañana, el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra el grupo apresados en la operación Calamar.

Sin embargo, la magistrada Romero impondrá diversas medidas de coerción a los implicados, debido a los acuerdos con el Ministerio Pública que han hecho varios de los detenidos.

Los imputados que han arribado a acuerdos con el Ministerio Público, por lo que la medida de coerción le sería variada, están los imputados Ángel Lockward, Alejandro Constanzo, Roberto Santiago Moquete, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emir Fernández de Paola, Oscar Chalas Guerrero, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía Ávila y Víctor Matías Encarnación, quienes admitieron su participación en esta estructura de corrupción desarticulada en la operación Calamar.

 Sin embargo, los que no acordaron con el Ministerio Público, están los exministros de  Hacienda, Donald Guerrero; administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta; Obras Públicas, Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA),  Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña; los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández. Además de Yahaira Brito Encarnación, Aldo Antonio Gerbasi y Ramón David Hernández.

El conocimiento de medida de coerción, el domingo, permaneció por más de 13 horas, pero solo se escuchó las acusaciones a siete de los implicados, por lo que este lunes, se terminaría con los tres que acusados que faltan.

El procurador adjunto, Wilson Camacho, informó que el Ministerio Público ha mostrado elementos más que suficientes para que el tribunal imponga prisión preventiva como medida de coerción a los imputados en la red.

“En esta solicitud de medida de coerción hay varias razones para que se imponga prisión preventiva, algunas de esas razones están vinculadas a la gravedad de los hechos, a los daños que deben ser resarcidos y de hecho, están vinculadas a evidencias con que cuenta el Ministerio Público, que fueron ocupadas en los allanamientos, de que varios de los imputados infiltraron la investigación del Ministerio Público y mostraron la intención de afectar la investigación, incluso, realizando actividades de perfilamiento de jueces, como fue expuesto en el tribunal. Estas y otras razones que hemos presentado en el proceso, son más que suficientes, unido a las pruebas, para que en este proceso se dicte prisión preventiva con relación a las personas que el Ministerio Público las ha solicitado”, dijo Camacho.

El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), precisó que el mismo no ha concluido por que las defensas han evitado “aterrizar” en la realidad de lo que plantea el expediente presentado por el Ministerio Público.

“La razón principal por la que la audiencia no ha culminado en el día de hoy (domingo) y ha tenido que posponerse para este lunes, es que las defensas que hoy expusieron se han comportado como drones, se han mantenido sobrevolando sin aterrizar en el caso”, sostuvo Camacho. 

El procurador adjunto destacó el grado de evasivas planteadas por las defensas, al indicar que las mismas deberían estar reguladas por el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC)

“De hecho, el IDAC debería regular este tipo de ejercicio de defensas aéreas”, puntualizó el titular de la Pepca.

Camacho, se hizo acompañar de la procuradora adjunta directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso y por los procuradores fiscales Miguel Crucey, Miguel Collado, Rosa Ysabel, Rosa Alba García, Melbin Romero Suazo, Arolin Lemos, Elvira Rodríguez, Héctor García, Marinel Brea, Andrés Mena y Jhensy Víctor.

 El expediente presentado por el Ministerio Público posee más de tres mil páginas y más de 1,200 elementos de pruebas, las cuales detallan cómo los miembros de esta red sustrajeron más de 17 mil millones de pesos al Estado, los cuales sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativas totalizan más de 19 mil millones.