López Obrador subasta 72 aeronaves del gobierno «se usaban hasta para ir a jugar al golf»

El presidente de México, Manuel Andrés López Obrador, anunció este martes que se llevará a cabo una nueva subasta de 72 aviones y helicópteros del Gobierno que eran usados para transportar a altos funcionarios en las administraciones anteriores.

Aseguró que se tomó la decisión de vender las aeronaves de «lujo que nada tiene que ver con la realidad de pobreza» que existe en México. «Se abusaba, se usaban los aviones hasta para ir a jugar al golf», afirmó.

En su opinión, la existencia de ese contingente de aviones y helicópteros es el reflejo de la existencia de dos mundos: «El del pueblo y el de los gobernantes. Dos esferas distintas».

«Se sentían reyes»
López Obrador dijo que los altos funcionarios que usaban las aeronaves «se sentían reyes» y que «eran como una monarquía criolla» que vivía «colmada de lujos y privilegios». «Por eso se decidió venderlos», justificó.

Adelantó que solo se dejarán los aviones que puedan se usados para labores de seguridad, al frente del Ejército, de la Marina, de los cuerpos de primeros auxilios, de salud, de bomberos y de protección civil.

Además, aclaró que el proceso, que ha sido acompañado por la Oficina de Transparencia de la Organización de Naciones Unidas, ha llevado tiempo porque es «complejo» y hay que ordenar la documentación de aeronaves que eran utilizadas en las distintas áreas del Gobierno y que fueron adquiridas con créditos o eran alquiladas.

¿Y el avión presidencial?
El mandatario informó que el avión presidencial ‘José María Morelos y Pavón’, que se encontraba en California para recibir mantenimiento, volverá a México.

Aseveró que aunque el avión ya puede ser utilizado, aún falta un proceso de certificación para que vuelva al hangar presidencial o a la Base Área de Santa Lucía, en el Estado de México, para ser vendido en su totalidad, ser otorgado en varias acciones a distintas empresas o ser rentado.

Aunque esta aeronave, que tiene un costo de 130 millones de dólares, según un avalúo hecho por la Administración de López Obrador, fue adquirida por el Gobierno de Felipe Calderón en 218 millones de dólares, la gestión de Peña Nieto pudo revertir la compra pero no lo hizo.

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