Ministerio Público pide diez años de prisión para Ángel Rondón Rijo y Víctor Díaz Rúa y el decomiso de bienes

Santo Domingo.-El Ministerio Público pidió diez años de prisión contra Ángel Rondón Rijo y Víctor Díaz Rúa, así como el decomiso de bienes, por su responsabilidad penal en el caso que se le sigue por recibir y distribuir los sobornos que Odebrecht admite repartió en República Dominicana para adquirir la adjudicación de obras estatales.

Para el imputado Conrado Pittaluga Arzeno, los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitaron siete años de prisión, mientras que para los coimputados Tommy Alberto Galán Grullón, Porfirio Andrés Bautista García y Juan Roberto Rodríguez Hernández solicitaron cinco años.

El Ministerio Público pidió, además, que todos los encartados sean condenados al pago de una multa de 200 salarios mínimos, que se ordene el decomiso de bienes en favor y provecho del Estado dominicano y que sean sentenciados al pago de las costas del proceso.
De igual forma, el decomiso de productos financieros y cientos de bienes muebles e inmuebles obtenidos de manera ilícita por los procesados en este caso de corrupción administrativa.

“Nosotros estamos seguros, y la seguridad nos la da que siempre hemos obrado con relación a la verdad, en que hemos presentado pruebas legalmente obtenidas y en que ninguna de las pruebas de la defensa, que ya se aportaron antes, hacen variar las pruebas del Ministerio Público”, explicó la fiscal Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Pepca.

Resaltó la “unión armónica” de todas las evidencias, alcanzada por los fiscales en los argumentos conclusivos del juicio de fondo que lleva el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. “Pruebas que este Ministerio Público presentó durante estos ochos meses de audiencia en el tribunal y pruebas que inequívocamente conducirán a la condena de los imputados”, sostuvo.

Planteó que el órgano de la persecución penal dejó claramente probado ante el tribunal, y con fuertes evidencias, la participación de los imputados en la comisión de delitos de corrupción y lavado de activos.

Sostuvo que el Ministerio Público ya informó, como lo planteó el procurador adjunto Wilson Camacho, que la Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público realizan una investigación denominada Odebrecht 2.0, de la cual “todos verán los resultados”.

Recordó que en los alegatos de clausura los fiscales litigantes recogen toda la información que sirvieron al tribunal de manera dispersa en los últimos meses, “en un alegato coherente que muestre al tribunal cómo ocurrieron los hechos”.

Recordó que la procuradora general de la República se mantiene ajena al proceso. “Como todos ustedes saben, la magistrada Miriam Germán se ha inhibido formalmente del caso Odebrecht, tras en la Suprema Corte de Justicia, haber quedado evidenciado, por ella misma, que tenía un vínculo de amistad con Víctor Díaz”, añadió.

El Ministerio Público pidió al tribunal que sean decomisados diferentes inmuebles ubicados en la Torre Caney, de la avenida Anacaona, en el Distrito Nacional, así como en Baní, provincia Peravia; Las Terrenas, en Samaná; San Pedro de Macorís, El Seibo, Higüey, La Altagracia y otras localidades del país, además de certificados de títulos, certificados de inversión y cuentas corrientes y de ahorro en pesos y dólares de diferentes entidades bancarias.

De igual manera, solicitó que sean confiscados los bienes muebles e inmuebles de los demás encartados.

En el caso del imputado Víctor José Díaz Rúa, solicitó la confiscación del yate de recreo La Balbi, de 60 pies de eslora, además de certificados de inversión e igualmente cuentas en pesos y dólares de distintos bancos.

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