Ministerio Público solicita al II Tribunal Colegiado DN condena de 20 años de cárcel y multa de 400 salarios mínimos a hermano de Danilo Medina; pide pena de 3, 5, 10 y 15 años a otros implicados
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público solicitó al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, una condena de 20 años de prisión contra Juan Alexis Medina Sánchez, acusado de liderar el entramado de corrupción administrativa que habría distraído del erario más de RD$5,000 millones.
El órgano acusador, además, requirió que Medina Sánchez fuera condenado al pago de 400 salarios mínimos.
De acuerdo con las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el hermano del expresidente Danilo Medina Sánchez dirigió un entramado ilícito basado en contratos fraudulentos, tráfico de influencias y testaferrato.
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, junto a los procuradores fiscales Elizabeth Paredes, Ernesto Guzmán y Yoneivy González, solicitó ante las juezas Claribel Nivar Arias, Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo, que le impongan 15 años de prisión a José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernabel Méndez Pineda, y al pago de 200 salarios mínimos.
Igualmente, pidió diez años de prisión para el expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Aquilino Rosa Rosa, y para la exvicepresidenta administrativa de esa entidad, Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Alexis Medina Sánchez.
El Ministerio Público solicitó la misma pena contra Carlos José Alarcón, Ramón Brea Morel (Jhonny Brea) y Lina Ercilia de la Cruz Vargas.
De igual forma, el Ministerio Público solicitó 10 años de prisión y el pago de 200 salarios mínimos para Libni Arodi Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina Suazo, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez, Fulvio Antonio Cabreja Gómez y José Idelfonso Correa Martínez.
En cuanto a Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, el exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, y Rafael Antonio Germosén Andújar, solicitaron cinco años de prisión y el pago de 200 salarios mínimos.
El Ministerio Público, además, requirió una condena de tres años contra Aquiles Alejandro Cristopher Sánchez, fiscalizador de la otrora Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).
El órgano del sistema de justicia solicitó que los acusados sean condenados a la inhabilitación para contratar con el Estado y para ocupar cargos públicos por diez años, al decomiso de todos los bienes incautados producto de las actividades ilícitas, y a la degradación cívica consistente en la pérdida de los derechos civiles, políticos y de ciudadanía reconocidos por la Constitución.
También, solicitó que las penas sean cumplidas en los centros de corrección y rehabilitación Najayo Hombres y Najayo Mujeres, en San Cristóbal, según corresponda.
En relación con Víctor Matías Encarnación Montero, quien llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, se solicitó una pena de cinco años de prisión suspendida y una multa de 500 salarios mínimos, bajo las condiciones de residir en un domicilio fijo, abstenerse de desempeñar cargos, prestar servicios o ser contratado por entidades de intermediación financiera, mercado de valores o entidades públicas, y presentarse periódicamente ante el juez de la ejecución de la pena del Distrito Nacional.
Asimismo, se solicitó el decomiso de valores (dinero) entregado voluntariamente por el acusado, o de bienes equivalentes, conforme a la Ley de Lavado de Activos, ascendentes a 15 millones de pesos.
La titular de la Pepca, Mirna Ortiz, dijo que las sentencias solicitadas están acordes con la gravedad de los hechos cometidos por parte de Juan Alexis Medina Sánchez y compartes, los cuales, conforme a las pruebas presentadas comprometen su responsabilidad penal.
Detalló que el Ministerio Público solicitó el decomiso de los bienes obtenidos con fondos que fueron drenados del erario, mediante las contrataciones irregulares, probadas durante más de un año en que han cursado las audiencias del presente juicio.
Mirna Ortiz, hizo un llamado a la reflexión en torno a los casos de corrupción.
“En cada peso drenado al Estado debemos pensar en las obras inconclusas, niños sin acceso a la educación y personas que no encuentran medicamentos o camas en los hospitales. Tenemos que vernos a nosotros mismos, como parte del Estado dominicano, que contribuimos a través del pago de impuestos y que no merecemos que un grupo sea el que se aproveche y beneficie ilegítimamente de esos recursos”.