Nuevo procurador adjunto, Wilson Camacho, defiende su designación y de otros seis compañeros; afirma no se viola Ley la Constitución
SANTO DOMINGO.- El procurador adjunto Wilson Camacho, defendió la designación de siete procuradores adjuntos efectuada por la Procuraduría General de la República, al afirmar, que se acoge al mandato de la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público, que establecen estas funciones como cargos de confianza de la máxima autoridad de la institución.
Explica que la Constitución de la República no configura, en su artículo 171, la función de adjunto del Procurador General de la República como un cargo de carrera, sino que se limita a establecer que una parte de los abogados que desempeñarán ese cargo son de libre designación por el presidente de la República y la otra se sujeta a la concretización de la ley, “no de un reglamento ni de ninguna otra fuente de derecho de menor jerarquía”.
Camacho citó, además, varios artículos de la Ley Orgánica del Ministerio Público (número 133-11, del 9 de junio de 2011).
“El hecho de que este cargo dentro del Ministerio Público, al igual que su función análoga en el Poder Judicial, no estén sometidos a las exigencias de la carrera, aunque sea necesario que una parte de ellos provengan de la misma, trae como consecuencia que los órganos de gobiernos de estas instituciones carezcan de competencias normativas y de control sobre el ejercicio de esa función”, puntualizó.
Insistió en que la configuración constitucional y legal de la función de adjunto del Procurador no deja dudas de que el titular de la Procuraduría cuenta con la competencia exclusiva de escoger la mitad de sus adjuntos de entre el rango de Procurador General de Corte de Apelación, sin ninguna otra limitación.
Camacho, uno de los procuradores adjuntos designados por la magistrada Miriam Germán Brito, recordó que se trata de una función de confianza institucional con el titular del cargo.
Saludó el hecho de que algunos integrantes del Ministerio Público y de la comunidad jurídica de República Dominicana muestren interés en vigilar y debatir todas las decisiones que emanen de un órgano superior, debido a que de esa forma se fortalece la gestión de transparencia y el Estado de derecho.