Participación Ciudadana afirma 2025 fue para RD graves retrocesos y persistentes desafíos en lucha contra la corrupción, transparencia, justicia, equidad social y gobernabilidad democrática; califica caso Senasa como el más dantesco que quedará en la historia para siempre

Santo Domingo.- El movimiento no partidista Participación Ciudadana, informó en su reporte de fin de año, que República Dominicana en 2025, mostró avances institucionales relevantes, pero también por graves retrocesos y persistentes desafíos en la lucha contra la corrupción, transparencia, justicia, equidad social y gobernabilidad democrática.

El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, dado a conocer a principios del 2025, mostró un avance de República Dominicana en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, continúa con desafíos importantes que no afianzan los esfuerzos de la lucha contra ese mal.

    “La desconfianza tocó las puertas de cada hogar dominicano al encontrarnos con un nuevo caso de corrupción, uno que vulneró un derecho fundamental, como la salud. El caso SENASA quedará en la historia como el más dantesco atentado contra la salud del pueblo dominicano”, expresó en su informe.

   Expresó que este 2025, hubo pocos avances en el procesamiento de los casos de corrupción que cursan en los tribunales, aumentando las preocupaciones sobre la lentitud y los intentos de lograr que éstos periman.

Dijo que el Ministerio Público, sigue con la persecución de la corrupción y la sociedad dominicana depositando su confianza en esa labor.

 “Aunque el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional reflejó una mejoría para el país a inicios de 2025, la ciudadanía continuó enfrentando una profunda desconfianza institucional, agravada por nuevos escándalos de corrupción. El caso SENASA se consolidó como el hecho más grave del año, al evidenciar un entramado criminal que desvió más de RD$15 mil millones del sistema público de salud, afectando directamente a los sectores más vulnerables y vulnerando el derecho fundamental a la salud”, expresó.

Dijo que más allá de las irregularidades que hoy son objeto de investigación, el caso Senasa evidencia el impacto directo que la corrupción puede tener sobre millones de ciudadanos que dependen del sistema público de salud para acceder a servicios médicos esenciales.

“La malversación, el uso indebido de recursos destinados a la salud, la privatización fraudulenta de los servicios de atención primaria y distribución de sobornos constituyen una forma de violencia social que afecta de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables, el caso SENASA es un ejemplo de cuando la administración de recursos de salud no se maneja con ética, transparencia y responsabilidad, las consecuencias no son solo financieras, sino humanas, vidas afectadas, tratamientos no otorgados y pérdida de confianza”, manifestó.

Confió que con el caso de Senasa, no corra la misma suerte de aquellos de gran corrupción que se ventilan en los tribunales, afirmando que es necesario un proceso donde los plazos se manejen con propiedad y celeridad que permita tener sentencias en tiempo oportuno.

En el informe, Participación Ciudadana destaca que durante el año, el Ministerio Público procesó y logró condenas en varios casos de corrupción administrativa y crimen organizado, incluyendo la Operación 13, irregularidades en el Ministerio de Agricultura, tráfico ilícito de municiones en la Policía Nacional, redes de sobornos para suplir seguridad privada al Estado y el expediente del INTRANT que involucra a altos exfuncionarios.

Expresó, sin embargo, que persiste la preocupación por la lentitud judicial, los constantes reenvíos y el riesgo de prescripción de los grandes casos.

Narcotráfico y política

El informe del 2025 evidenció la penetración del narcotráfico en la política, particularmente en estructuras del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Mencionó casos de diputados, regidores, exfuncionarios y asesores gubernamentales vinculados al lavado de activos y al tráfico de drogas culminaron en condenas, extradiciones y procesos en curso, revelando el alto costo económico de la política y la debilidad de los controles al financiamiento partidario.

Casos emblemáticos de gran corrupción

Participación Ciudadana hizo mención de los grandes expedientes, en los cuales se logró concluir juicio de fondo, el de Alexis Medina y compartes, con condenas a personas físicas y jurídicas por un desfalco superior a RD$4 mil 796 millones, aunque con penas consideradas insuficientes.

Igualmente, dijo, los casos Adán Cáceres, Jean Alain Rodríguez y Donald Guerrero–Gonzalo Castillo–Peralta continuaron estancados por incidentes procesales, reenvíos y recusaciones, reforzando la alerta sobre la reproducción de la impunidad.

Controles y reformas institucionales

Participación Ciudadana destacó que se aprobaron importantes instrumentos de control como la nueva Ley de Contrataciones Públicas (47-25), una nueva Cámara de Cuentas, avances en digitalización de la Contraloría y destituciones de funcionarios por faltas administrativas.

Expresó que, no obstante, el caso SENASA evidenció que los controles siguen siendo insuficientes y vulnerables.

La organización no partidista precisó que, en el ámbito legislativo, se aprobó el nuevo Código Procesal Penal y el Código Penal No. 74-25, modernizando el marco jurídico penal e incorporando figuras como los ciberdelitos.

Participación Ciudadana valoró esos avances, aunque lamentó la exclusión de las tres causales del aborto, manteniendo al país entre los más restrictivos del mundo en derechos reproductivos.

Decisiones del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional emitió sentencias clave que fortalecen los derechos fundamentales, derogando normas que vulneraban la intimidad, la vida privada y la libertad de tránsito, así como disposiciones administrativas que permitían impedimentos de salida del país sin orden judicial.

Seguridad, reforma policial y crimen organizado

La Reforma Policial avanzó significativamente en formación, salarios, tecnología y supervisión; en tanto, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) tuvo una actuación destacada en la incautación de drogas.

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