Participación Ciudadana exige explicación de aplicación contrato de semaforización del gran Santo Domingo por más de RD$1,300 millones pese a estar suspendido

Santo Domingo.- El movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, exigió explicaciones sobre la continuidad del contrato de semaforización del gran Santo Domingo con la empresa Transcore, luego de haberse anunciado la suspensión.

“Se espera que en las próximas horas el Gobierno ofrezca una explicación clara de las razones por las que se continuó ejecutando el contrato para la semaforización del gran Santo Domingo con la empresa Transcore a pesar de haber sido suspendido desde octubre del año pasado”, expresó Participación Ciudadana.

Consideró que la población debe saber el nivel de ejecución del contrato, los pagos realizados durante el proceso y las razones por las que se dejó el control del sistema en una empresa cuestionada por el propio Gobierno.

Recordó que la dirección de Compras y Contrataciones suspendió el contrato por un monto superior a los RD$1,300 millones en octubre del 2023, luego de identificar irregularidades como que fue creada meses antes del concurso y que el dueño oficial era un empleado de la entidad organizadora del proceso, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (INTRANT)

La organización cívica filial de Transparencia Internacional en la República Dominicana consideró que los argumentos expuestos la semana pasada por el vocero del gobierno, Homero Figueroa, resultan superficiales y no llenan las expectativas de una sociedad que merece explicaciones sobre el uso adecuado de los fondos públicos.

“La sociedad dominicana está cansada del dejar hacer y el dejar pasar frente a contratos de esta naturaleza que envuelven miles de millones de pesos, y que luego del escándalo caen en el olvido de los medios”, precisó la entidad, a través de un documento de prensa enviado a la redacción de www.armariolibre.com.do, la noche del martes.

Participación Ciudadana informó que de igual manera, el Ministerio Público debe explicar el curso de las investigaciones que se iniciaron el año pasado y de las que la ciudadanía no tiene información.

“Sabemos que en la fase investigativa el Ministerio Público no debe publicar resultados que incluso afecten el proceso, pero es preciso saber si en este caso que envuelve una cifra tan grande y un servicio que cae en el ámbito de la seguridad nacional, hay un proceso abierto”, se cuestionó Participación Ciudadana.

La organización cívica cuestionó que días después de que funcionarios de la administración del presidente Luis Abinader firmaran un compromiso con la ética y la transparencia, exploten escándalos como este o la suspensión de la licitación del pasaporte electrónico.

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