SANTO DOMINGO.-El Poder Judicial dominicano iniciará a partir de la próxima semana, el paso a la nueva normalidad en la que se contempla la ampliación de los servicios presenciales en sedes de todo el país y la puesta en marcha de nuevos servicios virtuales a través del portal servicio judicial.
A través de un documento enviado a la redacción de www.armariolibre.com.do, la nueva etapa en los procesos judiciales inicia a partir del primero de octubre.
En esta etapa se habilitarán 146 sedes en todos los departamentos judiciales, las cuales cuentan con las condiciones de espacio físico mínimo requerido para operar de manera presencial, asegurando el distanciamiento físico que demanda el protocolo de prevención del Covid-19.
Explicó que aquellas sedes que por falta de infraestructura adecuada no entrarán en modalidad 100% presencial, atenderán sus procesos judiciales en oficinas dentro del mismo distrito judicial que sí cuenten con las condiciones físicas mínimas requeridas para ofrecer servicios presenciales.
La lista de estas sedes será comunicada por los canales oficiales del Poder Judicial en los próximos días, previo al inicio de la nueva normalidad.
Durante la nueva normalidad, se mantienen habilitadas las sedes en los 11 departamentos judiciales, quedando en funcionamiento todos los palacios de justicia, las cortes de apelación, y los tribunales de tierra; asimismo, entrarán en operación 76 juzgados de paz y 18 tribunales de niños, niñas y adolescentes.
A través del documento, se explica que bajo esta modalidad, de manera presencial se podrá realizar consultas inmediatas de expedientes físicos, trámites relacionados con depósitos de asuntos y gestionar entrega de documentos.
De igual forma, queda disponible el acceso a través de la plataforma servicio judicial en donde se pueden realizar todos estos procesos sin necesidad de trasladarse a una sede, agregándose además nuevos servicios.
El plan de continuidad de labores del poder judicial se basa en una estrategia escalonada de reintegración, tanto en el ámbito administrativo como jurisdiccional, que ha permitido la integración laboral de juezas, jueces, servidores judiciales de manera remota, mediante el uso de herramientas tecnológicas; garantizando así el acceso a la justicia y al mismo tiempo tomando en cuenta los protocolos de prevención y seguridad frente a la crisis sanitaria actual.