Pro-Competencia solicita sanciones para dos empresas por colusión en compras y contrataciones por más RD$120 millones 54 mil contra Comedores Económicos del Estado
Santo Domingo.- La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) solicitó sanciones para dos empresas por colusión en compras y contrataciones públicas, al amparo del artículo cinco literal “b” de la Ley núm. 42-08 General de Defensa de la Competencia.
Fior D’Aliza Alduey, directora ejecutiva de ProCompetencia, informó que las empresas investigadas, al anular la competencia entre sí, mediante la presentación de ofertas idénticas en productos, cantidades y precios, se agenciaba mayores posibilidades de resultar adjudicatarias por la totalidad de los productos ofertados, lo que eliminó la posibilidad de que la entidad contratante distinguiera cuál de las ofertas recibidas era la más conveniente a sus intereses, y que resultara indistinto para la institución escoger a uno u otro oferente.
El informe presentado por $62 millones 27 mil 220.00, adjudicado en conjunto a ambos agentes económicos en el proceso de compras “Comedores Economicos-Ccc-Lpn-2022-0009”, es el resultado de una conducta anticompetitiva sancionada por la ley.
La actividad es considerada como una grave afectación al gasto público.
Consideró que, de no haber mediado la coordinación entre las empresas oferentes, Comedores Económicos, probablemente hubiese tenido la oportunidad de acceder a los mismos o mejores productos a mejores condiciones de precio.
La directora ejecutiva solicitó al consejo directivo la admisión a trámite del caso y la imposición de la multa máxima establecida en la Ley No. 42-08, las cuales deberán oscilar entre 200 y 3000 veces el salario mínimo, y que debe considerar que en el presente caso la conducta anticompetitiva afecta a un mercado de tanta relevancia para el interés general como lo es la contratación pública, en especial a los procesos relativos a la adquisición de alimentos para sectores vulnerables de la sociedad dominicana.
“La colusión, en todas sus formas, es una práctica altamente perjudicial que socava la competencia justa, la transparencia y la confianza en nuestros mercados y en nuestras instituciones, pues en un sistema justo y equitativo, la competencia debe ser el motor que impulse la excelencia y el crecimiento económico. En consecuencia, hay que a estar alerta y denunciar cualquier actividad sospechosa que pueda dar indicio de colusión.”, aseguró Alduey.
El caso, dado a conocer a través de una nota de ProCompetencia, no identifica la empresa que engañó al Estado, por lo que seguirían tratando de hacer sus fechorías contra el Estado y los dominicanos.