Procurador Jean Rodríguez instruye a miembros del Ministerio Público trabajar durante período de cuarentena

SANTO DOMINGO.- El procurador general de la República, Jean Rodríguez, instruyó a los miembros del Ministerio Público, trabajar durante el período de cuarentena, de manera ininterrumpida en los procesos judiciales a su cargo, a fin de estar debidamente preparados para que, luego del cese del estado de emergencia, se pueda lograr la inmediata reanudación de los mismos.

Las instrucciones fueron dadas mediante una comunicación dirigida a los procuradores generales de cortes de apelación titulares de las procuradurías regionales y de las procuradurías especializadas, los titulares de las oficinas del Abogado del Estado de las jurisdicciones inmobiliarias y a todos los fiscales titulares del país.

Esta instrucción dictada por el jefe del Ministerio Público, garantiza que al término del estado de emergencia nacional, los plazos procesales puedan ser cumplidos y permitir así, la reanudación de los procesos, además de que garantiza los derechos de las víctimas y de los imputados.

Igualmente, busca evitar retrasos indebidos y, por ende, eliminar toda posibilidad de intimaciones o declaratorias de prescripción de la acción por parte de los órganos jurisdiccionales, decisiones que pudieran afectar a la víctima y al propio Estado.

En tal sentido, la institución explicó en un comunicado de prensa, que para el cumplimiento de estos objetivos,  el procurador Jean Rodríguez ordenó a los representantes del Ministerio Público, según corresponda, coordinar en sus respectivas instancias y asegurar el cumplimiento efectivo de presentar y atender los casos que correspondan ser conocidos por los jueces de Servicios de Atención Permanente de la Jurisdicción Penal, conforme a la habilitación que ha hecho el Consejo del Poder Judicial, sobre su accionar y alcance durante el período de emergencia declarado mediante el decreto No. 134-20 del presidente de la República, de fecha 19 de marzo de 2020, por la pandemia del coronavirus (COVID-19).

De igual manera, deberán realizar un levantamiento y preparar un inventario de los casos vigentes en sus respectivas jurisdicciones, que tengan algún momento procesal durante los meses de marzo, abril y mayo, estableciendo la etapa en que se encuentran y las acciones procesales que aplican en cada caso.

Los representantes del Ministerio Público deberán garantizar el cumplimiento estricto de cada proceso, debiendo preparar la documentación necesaria que deba ser presentada en el tribunal o notificada a las partes antes de la fecha originalmente fijada o establecida como vencimiento de cada plazo o acción procesal, teniendo los documentos impresos, solo pendientes del depósito en el tribunal o de notificación una vez cese el estado de emergencia, para evitar retrasos indebidos y, por ende, eliminando toda posibilidad de intimaciones o declaratorias de prescripción de la acción por parte de los órganos jurisdiccionales, decisiones que pudieran afectar a la víctima y al propio Estado.

SANTO DOMINGO.- El procurador general de la República, Jean Rodríguez, instruyó a los miembros del Ministerio Público, trabajar durante el período de cuarentena, de manera ininterrumpida en los procesos judiciales a su cargo, a fin de estar debidamente preparados para que, luego del cese del estado de emergencia, se pueda lograr la inmediata reanudación de los mismos.

Las instrucciones fueron dadas mediante una comunicación dirigida a los procuradores generales de cortes de apelación titulares de las procuradurías regionales y de las procuradurías especializadas, los titulares de las oficinas del Abogado del Estado de las jurisdicciones inmobiliarias y a todos los fiscales titulares del país.

Esta instrucción dictada por el jefe del Ministerio Público, garantiza que al término del estado de emergencia nacional, los plazos procesales puedan ser cumplidos y permitir así, la reanudación de los procesos, además de que garantiza los derechos de las víctimas y de los imputados.

Igualmente, busca evitar retrasos indebidos y, por ende, eliminar toda posibilidad de intimaciones o declaratorias de prescripción de la acción por parte de los órganos jurisdiccionales, decisiones que pudieran afectar a la víctima y al propio Estado.

En tal sentido, la institución explicó en un comunicado de prensa, que para el cumplimiento de estos objetivos,  el procurador Jean Rodríguez ordenó a los representantes del Ministerio Público, según corresponda, coordinar en sus respectivas instancias y asegurar el cumplimiento efectivo de presentar y atender los casos que correspondan ser conocidos por los jueces de Servicios de Atención Permanente de la Jurisdicción Penal, conforme a la habilitación que ha hecho el Consejo del Poder Judicial, sobre su accionar y alcance durante el período de emergencia declarado mediante el decreto No. 134-20 del presidente de la República, de fecha 19 de marzo de 2020, por la pandemia del coronavirus (COVID-19).

De igual manera, deberán realizar un levantamiento y preparar un inventario de los casos vigentes en sus respectivas jurisdicciones, que tengan algún momento procesal durante los meses de marzo, abril y mayo, estableciendo la etapa en que se encuentran y las acciones procesales que aplican en cada caso.

Los representantes del Ministerio Público deberán garantizar el cumplimiento estricto de cada proceso, debiendo preparar la documentación necesaria que deba ser presentada en el tribunal o notificada a las partes antes de la fecha originalmente fijada o establecida como vencimiento de cada plazo o acción procesal, teniendo los documentos impresos, solo pendientes del depósito en el tribunal o de notificación una vez cese el estado de emergencia, para evitar retrasos indebidos y, por ende, eliminando toda posibilidad de intimaciones o declaratorias de prescripción de la acción por parte de los órganos jurisdiccionales, decisiones que pudieran afectar a la víctima y al propio Estado.

Los representantes del Ministerio Público deberán garantizar el cumplimiento estricto de cada proceso, debiendo preparar la documentación necesaria que deba ser presentada en el tribunal o notificada a las partes antes de la fecha originalmente fijada o establecida como vencimiento de cada plazo o acción procesal, teniendo los documentos impresos, solo pendientes del depósito en el tribunal o de notificación una vez cese el estado de emergencia, para evitar retrasos indebidos y, por ende, eliminando toda posibilidad de intimaciones o declaratorias de prescripción de la acción por parte de los órganos jurisdiccionales, decisiones que pudieran afectar a la víctima y al propio Estado.

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